LUMA Energy revirtió este martes la decisión –tomada a finales de septiembre– de eliminar las brigadas nocturnas de reparación de averías en el sistema eléctrico, una medida de control de gastos que implantó en medio de las pugnas contractuales con la administración de Jenniffer González, que había amenazado con tomar acción legal contra el consorcio.

En una carta de dos párrafos al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el presidente de LUMA, Juan Saca, notificó que la cancelación de las brigadas “ya no está en efecto y los criterios previamente en efecto se están aplicando”. La comunicación fue circulada por La Fortaleza poco antes de las 5:30 p.m.

Desde la semana pasada, Domenech y el zar de Energía, Josué Colón, habían concedido a LUMA hasta hoy, martes, para revertir la determinación.

“Hemos tomado esta determinación con la esperanza y expectativa de que, en los siguientes 90 días, podamos colaborar en un esfuerzo abarcador para identificar soluciones tangibles a los numerosos retos que enfrenta al presente el sistema energético de Puerto Rico, incluido el subfinanciamiento crónico que llevó a las medidas enumeradas en la carta del 7 de octubre de 2025. Compartimos su compromiso con servir a la gente de Puerto Rico y esperamos colaborar a largo plazo con el gobierno de Puerto Rico”, agregó Saca, en la misiva.

Al notificar las políticas de control de gastos –primero de manera interna y luego a Colón–, LUMA había sostenido que solo activaría brigadas en horario nocturno para atender averías que dejaran sin luz a más de 1,000 abonados, interrumpieran el servicio de instalaciones “críticas” u ocurrieran incidentes mayores en el sistema de transmisión o “que representen peligro”.

En pasadas semanas, LUMA también había notificado a su plantilla que, ante la aparente falta de liquidez –de la que responsabiliza al gobierno–, estaba “implementando ajustes que incluyen reducciones de costos, retrasos en pagos a suplidores y una reducción en las horas extra para el personal de operaciones”. De momento, no quedó claro si las demás estrategias de reducción de costos seguirían en vigor o, al igual que la eliminación de las brigadas, se modificarían.

Más temprano este martes, en una rueda de prensa en La Fortaleza, González había reiterado que habría “consecuencias legales” si LUMA no respondía al reclamo de restaurar la disponibilidad de brigadas nocturnas, si bien se abstuvo de adelantar las posibles vías al alcance de su administración, que ya encaminó un proceso de disputas contractuales con el objetivo de rescindir el acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Si antes de ese plazo no hay contestación a nuestro reclamo, va a haber consecuencias legales. Ustedes entenderán que no voy a adelantar cuáles son las consecuencias legales a una firma que todo lo impugna, todo lo pelea y todo se lo lleva a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como si la Junta los protegiera”, sostuvo González, quien, desde la semana pasada, encomendó a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, analizar las posibilidades para actuar legalmente contra el consorcio.

LUMA, por su lado, no había emitido expresiones públicas al momento de publicación.

“No vamos a permitir ser rehenes de ninguna compañía que le dé un servicio esencial a nuestro pueblo, como es el caso de la energía eléctrica. Continuaremos fiscalizando y trabajando para darle a nuestro pueblo la red eléctrica confiable, estable y accesible que se merece”, indicó González, en un parte de prensa circulado junto con la comunicación escrita de LUMA.

De otra parte, en la rueda de prensa más temprano, González se expresó optimista de que, pese a las renovadas objeciones que la JSF esbozó en torno al acuerdo de siete años para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés) con New Fortress Energy (NFE), el organismo emitirá una “resolución final” favorable, a más tardar, la semana próxima.

“Ellos (JSF) estuvieron en las negociaciones desde verano, así que fueron parte de estas negociaciones y saben que es una mejor contratación que la que teníamos anteriormente”, afirmó González, quien ha señalado que, partiendo de los montos totales, el nuevo acuerdo representa un ahorro de $16,000 millones respecto al contrato preliminar que la JSF rechazó en julio. El documento evaluado en verano se extendía por 15 años y estaba valorado en $20,000 millones, mientras que la versión revisada y entregada a finales de septiembre solo tendría vigencia por siete años y está valorado en $4,000 millones.

En una carta remitida al gobierno el viernes pasado, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, estimó que los ahorros serían de $4,000 millones a $8,000 millones.

Ese mismo viernes, horas antes que Mujica enviase su comunicación, González había instado a la JSF, en otra rueda de prensa, a dar paso al acuerdo, que su administración considera que redundará en economías de $50 millones a $70 millones al año.

Además de las diferencias por el alcance de los ahorros, la JSF cuestionó el efecto práctico de otras cláusulas que buscan abrir el acceso del terminal de LNG en la bahía de San Juan –también administrado por NFE– y las disposiciones que evitarían conflictos de interés con Genera PR, subsidiaria de la gasífera. El sábado, en entrevista con El Nuevo Día, Colón recalcó que las interrogantes de la JSF se le respondieron por escrito ese día.

“Si requirieran información adicional, obviamente la deben someter, pero yo entiendo que, ya para la semana que viene, deberíamos tener una resolución final sobre la decisión, en este caso, de la JSF. Eso son ahorros directos a la gente”, reiteró la primera ejecutiva.

Mientras, no fue categórica a la pregunta de cómo su administración procedería tras las objeciones que la JSF presentó en torno al contrato de servicios tecnológicos que el Departamento de Salud otorgó a XUVO Technologies. En ese caso, la JSF determinó que, si bien el valor del contrato no alcanzaba el umbral de $10 millones para requerir su entrega previa al ente, sí se violó la política establecida en el plan fiscal de procurar servicios mediante procedimientos competitivos, por lo que recomendó a Salud realizar una licitación en un plazo de 90 días.

Cuestionada sobre si instruiría al secretario de Salud, Víctor Ramos, a llevar a cabo un proceso competitivo, González indicó que no tenía “información” y, posteriormente, La Fortaleza remitió unas expresiones escritas en las que recalcó que, debido a que la cuantía no alcanzaba los $10 millones, no había obligación de remitirlo a la JSF, y tampoco “había ninguna irregularidad”.

“El secretario de Salud está evaluando la recomendación de la Junta”, indicó La Fortaleza.