Ante el asesinato de un turista la madrugada del domingo en La Perla y el creciente número de visitantes que se espera las próximas semanas debido a la serie de conciertos de Bad Bunny, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anticipó que revisará el plan de seguridad de la capital, aunque, de inmediato, no detalló las posibles estrategias ni el alcance de ese análisis.

Al mismo tiempo, responsabilizó al Poder Judicial por, a su juicio, no actuar con premura ordenando el cierre de aquellos comercios que han sido multados por la administración municipal por operar en violación al Código de Orden Público o al permiso de uso. El viernes, destacó, emitieron $28,000 en multas a negocios por ambas faltas.

“Aunque al día de hoy, cuando miras las estadísticas, en el renglón de asesinato estamos por debajo, unos cuatro asesinatos menos que el año pasado, pues obviamente, situaciones como estas (el asesinato del turista) nos llaman a sentarnos y revisar los planes”, indicó el alcalde. En San Juan, hasta la tarde de este domingo, se habían reportado 42 asesinatos.

En el incidente ocurrido en la barriada del Viejo San Juan, fue ultimado a balazos Kevin Mares, de 25 años y residente en Nueva York, quien, según informes preliminares, viajó a la isla para asistir este domingo a la residencia de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico.

En los mismos hechos, reportados frente a un negocio concurrido, a eso de las 4:13 a.m., también resultó herida una pareja de hermanos residentes en La Perla, una mujer de 45 años y un hombre de 46.

Romero Lugo mencionó que, a base de la información que le fue comunicada, Mares habría viajado a la isla con su pareja, quien decidió no acompañarle en su visita a La Perla.

“Más allá de la investigación y las circunstancias alrededor del incidente de violencia, vamos a estar revisando planes y vamos a compartir footage (pietaje) de las cámaras de seguridad que hemos colocado en el área para ver de qué manera colaboramos con la Policía estatal", afirmó el alcalde.

Romero Lugo indicó que, como parte del plan de trabajo del Municipio, han reforzado la vigilancia en los alrededores del Capitolio y en el casco urbano de Río Piedras. En ninguno de los lugares, dijo, se han reportado “incidentes que lamentar”. Asimismo, su administración está encargada “completamente” de la seguridad en las inmediaciones del Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Tras el incidente, agregó, se comunicó con el liderato comunitario de La Perla para ver qué otros detalles podría obtener sobre lo ocurrido. No precisó pormenores de esa conversación.

Romero Lugo indicó que, el viernes, emitieron $28,000 en multas contra comercios que realizaban actividades no contempladas en su permiso de uso o en violación al Código de Orden Público, que permite la venta de alcohol hasta la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados.

“Si tuviera la capacidad legal de que los municipios puedan cerrar un negocio, nosotros hubiésemos cerrado ya varios directamente, pero tenemos que acudir a los tribunales”, apuntó.

Mencionó que tiene un número no precisado de casos de ese tipo ante la consideración del tribunal. Incluso, dijo que han identificado negocios que han reabierto sus puertas después de una orden judicial de cierre.

“Estamos recopilando, a través de nuestra oficina legal, información adicional para acudir al tribunal en solicitudes de desacato. Estamos bien combativos en eso y bien activos”, expuso.

Romero Lugo no pudo especificar cuántos negocios en La Perla, donde –dijo– intervienen una vez al mes, tienen permiso para operar.

El Artículo 2.101 del Código de Orden Público –que dispone el horario de venta y expendio de bebidas alcohólicas– establece que las infracciones concertadas o reiteradas a esas disposiciones conllevarán el inicio de los trámites correspondientes para revocar los permisos del establecimiento.

Romero Lugo opinó que la respuesta de los tribunales podría ser “mejor”. Acto seguido, recordó una intervención en el negocio Ocean Club, donde fue arrestado un fugitivo federal y se confiscaron drogas, armas y un vehículo blindado con $140,000 en su interior, y aun así, el tribunal demoró al ordenar la clausura del establecimiento.

No fue hasta octubre de 2023 –cinco meses después del operativo– que el juez Anthony Cuevas ordenó el cierre del espacio, tras reportarse un tiroteo en el que cinco personas resultaron heridas.

“Se tarda, se dilata”, insistió. “Las reglas están claras... Si usted tiene un cafetín, no puede ser una barra hasta las tantas de la mañana”, expuso, al reconocer que lograr una cultura de cumplimiento por parte de algunos de los comerciantes ha sido cuesta arriba.

En su Artículo 2.102., el Código de Orden Público dispone también que todo establecimiento comercial que se dedique a la venta o expendio de bebidas alcohólicas debe contar con un sistema de cámaras de seguridad que mantenga la grabación continua durante el horario de operaciones.

“Todavía no estamos al nivel esperado”, dijo sobre la ejecución del Código, que entró en vigor en agosto de 2023.