El Municipio de Cataño tronó este sábado contra la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) por referir a las autoridades un informe investigativo contra el ayuntamiento en “desafío directo al proceso judicial”, una postura muy distinta a la asumida hace unas semanas por el alcalde Julio Alicea Vasallo, quien entonces urgió a publicar la auditoría asegurando que ya se habían tomado acciones correctivas.

“A pesar de reconocer internamente problemas que ameritaron acciones correctivas, la OCPR procedió a publicar el informe mientras el asunto permanecía activamente ante el Tribunal y sin permitirle al Municipio la oportunidad mínima de revisar, comentar o responder oficialmente a los hallazgos antes de su divulgación pública”, señaló el ayuntamiento, vía comunicado de prensa.

A partir de siete hallazgos, la OCPR sometió el jueves tres referidos al Departamento de Justicia “para que tome las medidas que estime pertinentes, entre estas, evaluar la posible violación de leyes o reglamentos”. La auditoría encontró un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas municipales “para actividades ajenas al interés público”, incluyendo actividades político partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable.

En reacción a los referidos y señalamientos, el ayuntamiento insistió en que la OCPR publicó el informe investigativo aun cuando el asunto se encontraba formalmente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia y “existía una orden de mostrar causa por el Tribunal, requiriéndole expresamente a la OCPR justificar por qué no debía concederse el remedio solicitado por el Municipio: impedir, precisamente, la publicación del informe sin antes brindarle la oportunidad de confrontarlo y comentarlo mientras se resolvía la controversia judicial”.

“No se trató de un acto administrativo ordinario. Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir en académica la controversia antes de contestarle al Tribunal”, estableció el Municipio, en su comunicado, en el que también estableció que se levantaron cuestionamientos sobre la “objetividad, parcialidad y conducta” de uno de los auditores de la investigación.

El período auditado comprende casi el último año de gestión del convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado y de Alicea Vasallo, quien el 21 de abril anunció que se retiraría temporalmente de la alcaldía para recibir tratamiento por cáncer de médula ósea.

“No me quita la paz ni la tranquilidad ese informe del Contralor. Estoy loco y ansioso de que usted, contralora (Carmen Vega Fournier), lo publique. El 90% de esos señalamientos ya se han corregido. Yo soy auditor y soy un buen auditor, y cada requerimiento que hizo la OCPR lo evaluamos y lo atendimos. Está casi todo listo, y se van a sorprender, porque el ‘show’ mediático que dieron, el resultado es... ustedes verán”, declaró el alcalde, semanas antes de que se publicara el informe.

De acuerdo con el Informe de Investigación OC-26-29, que recogió el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, se hallaron documentos ajenos a la gestión pública almacenados en computadoras asignadas a una funcionaria y a una empleada municipal; la utilización de recursos y fondos públicos para la campaña de un alcalde; y la utilización de un puesto oficial para adelantar intereses político partidistas.

Además, la OCPR encontró que el diferencial de sueldo de una empleada no cumplía con los requisitos de ley para ocupar un cargo interinamente; el pago indebido de $75,623 para servicios legales brindados sin enmendar contratos y otras deficiencias contractuales; y el uso indebido de vehículos pesados y empleados para propósitos ajenos a la gestión pública, entre otros señalamientos.

Además del referido a Justicia, la OCPR sometió otros dos ante la consideración de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Por otra parte, ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) velar que el alcalde recobre los importes pagados indebidamente.