Una auditoría realizada por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) encontró un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del Municipio de Cataño “para actividades ajenas al interés público”, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable.

El Informe de Investigación OC-26-29, que recogió el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, esbozó siete hallazgos que incluyen documentos ajenos a la gestión pública almacenados en computadoras asignadas a una funcionaria y a una empleada municipal; la utilización de recursos y fondos públicos para la campaña de un alcalde; y la utilización de un puesto oficial para adelantar intereses político-partidistas.

Además, la OCPR encontró que el diferencial de sueldo de una empleada no cumplía con los requisitos de ley para ocupar un cargo interinamente; el pago indebido de $75,623 para servicios legales brindados sin enmendar contratos y otras deficiencias contractuales; el uso indebido de vehículos pesados y empleados para propósitos ajenos a la gestión pública; y deficiencias relacionadas con el registro diario de movimiento de vehículos municipales.

El periodo auditado comprende casi el último año de gestión del convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado, y del actual alcalde, Julio Alicea Vasallo.

“Las situaciones identificadas comprometen la legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública municipal y requieren la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar posibles infracciones legales, éticas, administrativas y fiscales”, resaltó la Oficina de la Contralora en el informe.

Entre sus recomendaciones, la OCPR sometió, el 14 de mayo, tres referidos ante el Departamento de Justicia “para que tome las medidas que estime pertinentes, entre estas, evaluar la posible violación de leyes o reglamentos”.

De igual manera, la agencia sometió otros dos referidos ante la consideración de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al igual que un referido al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Los referidos aparecen en el informe solo con sus números de referencia, por lo que se desconoce qué personas y/o entidades municipales fueron referidas.

De los hallazgos más importantes, la OCPR encontró que el municipio “contrató servicios de una compañía publicitaria cuyo arte y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde”. Sobre dicho hallazgo, no se indicó la fecha de la mencionada contratación, o cuál alcalde la realizó.

“Incluso, se facturaron artículos de campaña directamente al municipio, y algunos empleados recibieron en sus correos institucionales, durante horas laborables, información vinculada a esos servicios. Esto implica uso de fondos públicos para actividades político-partidistas, en violación de leyes éticas, financiamiento de campañas y uso de propiedad pública”, subrayó la OCPR.

En otro hallazgo, la OCPR resaltó que una empleada municipal fue designada directora interina de la Oficina de Planificación sin poseer licencia de planificadora ni una maestría en Planificación.

“Pese a ello, se le otorgó el diferencial máximo autorizado de $12,656 sin evidencia de justificaciones extraordinarias. La falta de preparación académica obligó al municipio a contratar, posteriormente, a un planificador licenciado, con un costo de $32,000. El pago del diferencial y la designación interina contranivieron los requisitos legales aplicables a interniatos y procesos de retribución”, enfatizó la OCPR.

Mientras, en el informe se detalló que el municipio permitió que un bufete excediera los montos máximos de dos contratos sin enmendarlos previamente, lo que desembocó en presuntos pagos ilegales por $75,623.

“Además, se pagaron $298,586 por servicios no relacionados con el propósito contractual (derecho laboral), a pesar de que el municipio cuenta con una Oficina de Asuntos Legales con capacidad para esas funciones”, recalcó la OCPR.

Entre las recomendaciones, la OCPR ordenó el recobro de $402 utilizados para la campaña política del alcalde (no se mencionó el alcalde específico); $12,656 pagados a la empleada a la que el alcalde le otorgó el diferencial; y $75,623 del bufete.

Además de los referidos a Justicia, la OEG y el DRNA, la OCPR ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a velar que el alcalde recobre los importes pagados indebidamente en los casos de la empleada a la que se le otorgó diferencial, el caso del bufete y la contratación de la empresa publicitaria.

En el informe no se incluyó una contestación del Municipio de Cataño, y tampoco se indicó si el municipio leyó la auditoría.