El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) denegó de plano las mociones de reconsideración que LUMA Energy, Genera PR, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un puñado de entidades sometieron tras la determinación sobre la nueva tarifa base que cobró vigencia el 1 de julio, que convirtió en permanentes los cargos para cubrir las pensiones de la corporación pública y aumentos –hasta entonces provisionales– para gastos de los administradores privados, pero que no autorizó partidas adicionales solicitadas por los operadores.

“Tras evaluar las mociones de reconsideración sometidas en el caso, los argumentos postulados, la totalidad del récord administrativo, la evidencia, posturas adelantadas por entidades participantes y las determinaciones adoptadas en la orden final, el NEPR concluye que ninguno de los asuntos levantados en las mociones amerita modificar, alterar o reconsiderar las determinaciones. (…) El NEPR determina que las mociones de reconsideración deben denegarse”, estipuló el organismo, en una resolución y orden suscrita por tres de los cinco comisionados.

Como parte de la resolución y orden expedida el martes, el NEPR notificó a las partes interventoras que tienen un período de 30 días para solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

“El presente caso tarifario constituyó un procedimiento amplio, complejo y altamente técnico, que involucró extensos procesos de descubrimiento de prueba, múltiples intercambios de información y documentos, la celebración de vistas técnicas y evidenciarias y amplias oportunidades para la participación. El récord administrativo desarrollado en el caso abarca un volumen sustancial de mociones, informes, testimonios, documentos técnicos, evidencia documental, argumentos escritos y otras entregas presentadas por entidades participantes”, abundó el NEPR, en la resolución que suscribieron el presidente Edison Avilés Deliz y los comisionados asociados Lillian Mateo Santos y Antonio Torres Miranda.

Los comisionados asociados Sylvia Ugarte y Ferdinand Ramos Soegaard no intervinieron.

Además de las tres compañías eléctricas, la decisión final del caso tarifario, emitida el pasado 15 de abril, fue objeto de una moción de reconsideración conjunta de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento y Solar United Neighbors, y una segunda del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica. Posterior a las mociones, un grupo organizado de bonistas había solicitado responder a los respectivos argumentos de las partes, petición que el NEPR concluyó que se tornó académica.

A raíz de la denegatoria, el portavoz de Genera PR, Iván Báez, sostuvo que “algo tenemos que hacer”.

“Estamos en proceso evaluación de qué medidas vamos a tomar. Pero, indudablemente, algo tenemos que hacer para atender esta situación de este recorte drástico que hizo el NEPR en el presupuesto para el mantenimiento de las plantas”, expresó Báez, en entrevista con El Nuevo Día.

Hace dos semanas, el país ha experimentado una crisis en el suplido energético a causa, sobre todo, de deficiencias en la flota de generación que Genera PR, así como de múltiples averías en las unidades de la cogeneradora EcoEléctrica.

En el caso de Genera PR, el NEPR redujo su presupuesto operacional de $345 millones a un promedio de $267 millones hasta el final del año fiscal 2027-2028, un recorte cercano al 17%.

LUMA sostuvo, igualmente, que se encuentra estudiando “los próximos pasos”, luego de recibir un aumento de entre $165 millones y $188 millones respecto al presupuesto operacional que estuvo vigente el pasado año fiscal. Sin embargo, los $951 millones aprobados para el año fiscal corriente representan cerca de la mitad de los aproximadamente $1,900 millones que el operador privado solicitó, en una petición que hubiera supuesto un alza de ocho centavos el kilovatio hora en las facturas de los abonados.

“El sistema eléctrico de Puerto Rico requiere inversiones urgentes y sostenidas en todos sus componentes, incluyendo la generación, la transmisión y la distribución para revertir el daño de décadas de abandono y reducir el impacto de la decadencia avanzada de los equipos”, abundó el consorcio.

Mientras, la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, indicó, por escrito, que evalúa los “recursos regulatorios y legales disponibles para salvaguardar las operaciones” de la empresa estatal.

La corporación pública, que el año pasado operó con unos $77 millones, tiene disponibles $53 millones en este año fiscal y $44 millones para el 2027-2028.