El Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) rechazó la posibilidad de concederles acceso limitado a los cuidadores de los gatos del Paseo del Morro mientras se realiza un proyecto de restauración en el área, al levantar argumentos de seguridad, falta de legitimación activa y desconfianza ante “acciones recientes” de los voluntarios de Save a Gato (SAG).

En un documento de 53 páginas, la agencia federal –por medio de sus abogados– explicó que la decisión de cerrar parte de la vereda que bordea al Castillo San Felipe del Morro responde a “garantizar la seguridad pública y minimizar los riesgos de responsabilidad civil” durante la estabilización del acantilado, ya que “será una zona de construcción activa”.

“Permitir a los representantes del SAG acceder a una zona cerrada por obras, con maquinaria pesada de los contratistas, vallas de nivelación y circunstancias potencialmente inestables, crea un riesgo para la seguridad que el parque no está dispuesto a asumir ni se puede esperar razonablemente que lo haga”, destacó el NPS.

Argumentó que SAG –pese a que existe un memorando de entendimiento– ni el codemandante Alley Cat Allies (ACA) tienen legitimación para solicitar “acceso especial” al Paseo. Además, alegó no tener personal para supervisar a los voluntarios.

“Sería excesivamente engorroso e inapropiado que el NPS exigiera a su personal trabajar fuera del horario oficial para acompañar y supervisar a los voluntarios del SAG”, sostuvo.

“La preocupación del NPS por permitir el acceso de los representantes de los demandantes a la zona cerrada, especialmente fuera del horario laboral, se ve reforzada por las cuestionables medidas adoptadas recientemente por los representantes de SAG. [...] Ampliaron considerablemente el número de estaciones de alimentación, sin notificarlo al NPS y, por supuesto, sin la aprobación del NPS”, acentuó, al estimar se han añadido, “al menos, 12 estaciones nuevas al Paseo”.

El 19 de diciembre, SAG y ACA presentaron una moción de interdicto preliminar para que se les provea acceso a una porción del Paseo del Morro que estará cerrada hasta por 18 meses debido un proyecto para estabilizar el acantilado del bastión de San Fernando. Esto, como parte de una demanda –contra el NPS y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés), como supervisor del proyecto– en la que ambas entidades de bienestar animal alegan que el “Proyecto Cliff” incumple con la Ley federal Nacional de Política Ambiental, la Ley Orgánica del NPS y la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

Igualmente, el recurso alega violaciones al plan de remoción de los gatos que el NPS acogió, en 2023, pues establece que los comederos se removerían a medida que se capturaran los felinos que circundan cada estación. Esto se haría en un período de seis meses por una organización de bienestar animal.

No obstante, en su respuesta, el NPS catalogó de “paradójico” que las entidades piden el cumplimiento de un plan que impugnan en otra demanda, presentada en marzo 2024. Además, subrayó que el plan “autorizaba el uso de comederos para nada que no fueran las labores de retirada por parte de una organización autorizada de bienestar animal o de una agencia de remoción”.

La dependencia afirmó, incluso, que ninguna organización de bienestar animal emitió su carta de interés para encargarse de la remoción de los felinos, por lo que la ejecución del plan será mediante una agencia de remoción.

“Los demandantes, que rechazaron la oportunidad de participar en la implementación del Plan 2023, carecen de cualquier derecho o autoridad para seguir manteniendo comederos a lo largo del Paseo”, asegura el documento, en el que se alega que el plan de remoción se implantó.

En ese sentido, según los demandados, las organizaciones no probaron “ningún daño irreparable”.

“Ni el equilibrio de daños ni el interés público respaldan la solicitud de los demandantes de un trato especial y la modificación del cierre temporal del sendero por parte del NPS, implantado por motivos de seguridad pública y para la protección y preservación de los recursos del parque. La moción de los demandantes debe ser denegada”, puntualizó el NPS.

Según documentos judiciales, el “Proyecto Cliff” está previsto a comenzar, como temprano, el 2 de febrero.

La demanda contra el NPS y el USACE alerta que el cierre parcial pondría “en peligro la vida y el bienestar de los gatos comunitarios, causándoles daños directos, sufrimiento y una amenaza inmediata para su supervivencia; consecuencias mucho peores que las que plantea el plan (de remoción) del 2023, que ya de por sí contó con una oposición abrumadora de la ciudadanía”.

El plan ha causado controversia desde el inicio, pues tanto las organizaciones como los residentes del Viejo San Juan se han opuesto, y así lo hicieron saber en el proceso de discusión pública, que comenzó en 2022. Entre los argumentos en contra de la remoción, están las implicaciones de salud pública para la comunidad de la isleta de San Juan por la posible presencia de ratas y en el turismo, debido a que los gatos representan un atractivo para los visitantes.