La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que personal de la agencia visitó este viernes a Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, para evaluar sus necesidades y establecer un plan de servicios, luego de que el Tribunal de Primera Instancia decidió proceder con la orden de desahucio de su hogar en el sector Playuela, en Aguadilla.

“Nosotros, ayer (jueves) mismo, incluso antes de que nos llegara la orden del Tribunal, advinimos en conocimiento de las circunstancias, así que se activaron nuestros equipos. Hoy (viernes), hemos estado trabajando con lo que nos corresponde y en apoyo al Departamento de la Vivienda para que esta señora, número uno, cumpla con la orden del Tribunal, ciertamente, pero más que nada, poder atender y satisfacer las necesidades que la señora presente, desde los servicios, programas y recursos que tenemos”, dijo Roig Fuertes, vía telefónica con El Nuevo Día.

Mencionó que cada caso es individual, pero aseguró que ofrecerán a Cruz Sanabria y su familia todas las alternativas disponibles, incluyendo acompañamiento, orientación y asistencia al momento de completar solicitudes para algún programa o beneficio. Añadió que “esto es completamente voluntario por parte de ella, así que se le hacen todos los ofrecimientos para que, entonces, ella decida cuáles son sus mejores alternativas”.

“La realidad es que, con estos casos, nosotros siempre vamos a buscar el mejor bienestar del ciudadano. En este caso, siempre vamos a respetar su autonomía y hacerle ver todas las gamas de oportunidad que puede tener dadas las circunstancias, y que ella tenga la capacidad de elegir hasta dónde ella quiere que nosotros entremos en esto y la apoyemos”, abundó Roig Fuertes.

El martes, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla emitió una orden de lanzamiento, fase final de un proceso de desahucio. En este caso, por tratarse de una adulta mayor, el Tribunal dio hasta el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada coordinen con los alguaciles el desalojo, comentó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, abogada de Cruz Sanabria.

Una portavoz de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada declinó hacer expresiones, por ahora, toda vez que evalúan cuáles son las alternativas disponibles para asistir a Cruz Sanabria. Este diario también solicitó comentarios al Departamento de la Vivienda, pero no hubo respuesta.

Mientras, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, indicó –por escrito– que ordenó la activación de varias dependencias municipales para poner a disposición de la familia “el trámite para la adquisición de un vale de Sección 8 para alquiler de un hogar, asignarle una ama de llaves a través de este programa en el municipio y servicios de alimentos en el hogar”.

Añadió que, en 2023, su administración colaboró “de buena fe” con los gastos legales de Cruz Sanabria, a quien se le ofreció un vale de emergencia del programa de Vivienda Municipal para la búsqueda de un hogar permanente, “el cual ella rechazó”.

Cruz Sanabria vive en el hogar de su familia junto a su esposo y sus dos hermanos, todos adultos mayores. En entrevista previa con El Nuevo Día, explicó que su familia lleva 140 años en los terrenos que tendrá que abandonar, cuya titularidad posee la empresa Playa India.

El repudio a la decisión del Tribunal ha quedado evidenciado en redes sociales, donde ciudadanos han reclamado que se le permita a Cruz Sanabria permanecer en el hogar que ha habitado toda su vida. Además, ha comenzado a circular una convocatoria a una protesta masiva, el 7 de febrero, que iniciaría en la Casa Alcaldía y culminaría en la residencia, en el sector Playuela.

Por otro lado, múltiples artistas se han unido en donaciones para la adquisición de una nueva residencia.

El pleito judicial por los terrenos comenzó en 1993, cuando la empresa Playa India presentó una demanda contra Cruz Sanabria. La sentencia a favor de la compañía fue dictada el 4 de agosto de 1997. No obstante, no fue hasta 2018 que la entidad recurrió nuevamente al Tribunal de Aguadilla para pedir el desahucio, que se concedió en 2023.

Luego de acudir, en dos ocasiones, al Tribunal Supremo, el máximo foro judicial rechazó, en 2024, la reconsideración que Cruz Sanabria solicitó para intervenir y detener la orden de desahucio emitida a favor de Playa India. El argumento presentado planteaba que la familia de Cruz Sanabria es dueña de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión).