El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó una querella presentada contra el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por supuestamente exigir apoyo político a los empleados municipales transitorios para su campaña a la reelección en 2024.

El organismo fiscalizador concluyó que la querella no contenía el elemento de intención criminal necesario para designar un FEI, pero refirió el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para un análisis ético y administrativo más detallado.

“El Departamento de Justicia no encontró prueba para sostener que el alcalde Ramírez Irizarry solicitara que se hiciera alguna llamada o gestión para convocar a los empleados transitorios del municipio”, lee la resolución del PFEI, según un comunicado emitido este lunes.

El asunto se originó tras una querella recibida por el Departamento de Justicia con una declaración jurada, la cual fue referida por la entonces designada secretaria de la agencia, Janet Parra, a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).

Se indicó, en la mencionada querella, que los empleados supuestamente se sintieron presionados a participar activamente en la campaña a la reelección del alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) para poder retener sus empleos.

Según una grabación presentada el 25 de agosto durante una conferencia de prensa –reseñada por este medio– del entonces secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, el alcalde de Arecibo exigió el apoyo de los empleados durante la campaña.

En el audio, se escucha supuestamente al alcalde decir, durante una reunión el 20 de agosto: “Uno tiene que ganarse las cosas. La fe es buena, pero también hay que hacer un trabajo. Hemos dado 218 empleos nuevos, esos 218 los quiero ver caminando conmigo, en la campaña conmigo”.

“Aunque no podemos perder de vista el hecho de que la prueba recopilada sostiene plenamente la alegación de los querellantes relativa a la celebración de la reunión política, la prueba testifical fue altamente contradictoria en lo referente a la convocatoria compulsoria de los empleados transitorios”, lee la resolución del PFEI.

Al anunciar su determinación, el PFEI indicó que el informe del Departamento de Justicia sobre la investigación no reflejó que se hubieran utilizado fondos, instalaciones o vehículos del municipio para la reunión. Tampoco se evidenció que el alcalde, en su carácter oficial, ejerciera presión directa sobre los empleados.

Según el informe de la División de Integridad Pública, el encuentro fue convocado por el comité político fuera de horas laborables y en propiedad privada, “lo cual se consideró debilita sustancialmente el elemento de uso de fondos públicos requerido en este delito”.

Expuso el Departamento de Justicia que, en este caso, ante testimonios contradictorios, no se acreditó el hecho de que las expresiones del alcalde estuvieran dirigidas a coaccionar directamente a empleados bajo su supervisión, ni que constituyeran un ejercicio abusivo de su autoridad como primer ejecutivo municipal.

A pesar de la ausencia de elementos penales suficientes, el PFEI decidió referir el asunto a la OEG para una evaluación administrativa, ya que las expresiones del alcalde, en particular aquellas que aluden al origen de los empleos, “generan preocupación”.