Decenas de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) regresaron –como todos los miércoles hace cuatro años– a las inmediaciones de la corporación pública, en Santurce, para manifestar su repudio al manejo del Sistema de Retiro y la privatización de la red eléctrica, una protesta que esta vez coincidió con la entrada en vigor de un nuevo incremento, de 8%, en la factura de luz.

“Me retiré en 2017, en marzo, y en septiembre llegaron (los huracanes) Irma y María. Trabajé ocho meses (tras) los huracanes sin cobrar un centavo. Que vengan ellos a trabajar gratis por el pueblo”, exclamó Pablo Oquendo Román, de 61 años, 31 de ellos en la AEE como trabajador de líneas soterradas.

Desde agosto, los consumidores del sistema eléctrico –ahora principalmente en manos de Genera PR, como administrador de la flota generatriz, y LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución– enfrentan dos cargos provisionales en la factura que totalizan 3.42 centavos por kilovatio hora (kWh). De ese total, 1.92 centavos se destina a cubrir las obligaciones de pensiones de la AEE, que totalizan alrededor de $300 millones al año, mientras el resto –1.49 centavos por kWh– se distribuye para gastos operacionales.

El presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, recalcó que el gasto de pensiones fue incluido como un componente separado de la factura, luego de que la empresa estatal incumpliera, hace más de una década, con sus aportaciones patronales al Sistema de Retiro, acumulando una deuda que estimó en $1,000 millones.

A pesar de que, en abril, la AJAEE propuso a la gobernadora Jenniffer González recapitalizar el fondo mediante una aportación del gobierno central de entre $450 millones y $500 millones que permita retomar las inversiones de capital que sustenten el Sistema de Retiro a largo plazo, la organización no ha recibido retroalimentación, dijo Rodríguez Ortiz.

El Nuevo Día pidió una reacción a La Fortaleza, pero al momento de publicación no se había recibido.

Desde 2023 y hasta la aprobación del cargo tarifario provisional, el gobierno central sufragó las pensiones a través de préstamos de $25 millones mensuales autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que exigió a la AEE transferir las obligaciones a los consumidores.

“El sistema pudiera seguir recibiendo la aportación de la AEE y los compañeros que sacaron en 2021, que están en otras agencias y están pagando al Sistema de Retiro, que son unos 2,000. Con ese dinero y el rendimiento de las inversiones, el Sistema de Retiro podría seguir funcionando”, sostuvo Rodríguez Ortiz, al mencionar que los operadores privados tampoco han producido economías.

Según el presidente de la AJAEE –que desde octubre de 2021 organiza manifestaciones cada miércoles frente a la sede de la corporación pública–, en la década de 1990, el Sistema de Retiro llegó a tener $1.20 por cada dólar en obligaciones futuras, a base del modelo de aportaciones patronales, de empleados e inversiones.

“Nos han sacado ese dinero que se invertía y se multiplicaba y que daba soporte para las pensiones. Habría que hacer una depuración exhaustiva porque ha habido mucha corrupción en los mandos superiores durante muchos años, y esa parte no hace que haya un crecimiento eficaz”, comentó, en tanto, Héctor Caballero, de 82 años, y quien laboró en funciones administrativas en la AEE por más de 30, al igual que su esposa, también jubilada.

“Hoy, la gobernadora ha descrito lo que es la privatización de su servicio esencial, que es una barbaridad que dos compañías privadas estén peleando a expensas del pueblo. Esa es la privatización y, por eso, es que los servicios esenciales del pueblo no pueden estar en manos privadas”, acentuó, por su parte, Ricardo Santos Ramos, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, haciendo alusión a la disputa entre New Fortress Energy y un grupo de pilotos de botes remolcadores que ha mantenido en suspenso la entrega de combustible en la bahía de San Juan.