Fajardo - El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, reveló este sábado que el organismo y la administración de Jenniffer González se están “acercando” a un acuerdo sobre el contrato preliminar de siete años con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés), una negociación que ha recorrido un atropellado trámite desde el verano.

“Todavía estamos trabajando en el lenguaje de ese contrato. Creo que nos estamos acercando. Las premisas generales del contrato parecen ser algo con lo que podemos trabajar”, dijo Mujica a los medios de comunicación, tras participar de un panel en la Cumbre de la Federación de Alcaldes.

Aunque la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, por medio de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), adjudicó un contrato de 15 años y $20,000 millones a NFE en junio, la JSF objetó la transacción, señalando que sus disposiciones viabilizaban prácticas monopolísticas. Luego, el 3PPO reanudó las negociaciones, resultando en un segundo acuerdo de menor alcance, por siete años y valorado en $4,000 millones.

“El lenguaje específico, y la gobernadora ha hablado de brindar acceso al muelle, y de quién paga si NFE no puede entregar combustible, queremos que tenga las palabras que sean consistentes con lo que la gobernadora ha dicho. En eso es que estamos trabajando ahora”, abundó Mujica, haciéndose eco de una carta que envió al zar de Energía, Josué Colón, en octubre, en la que el organismo expresaba reservas con elementos del contrato preliminar que, a su juicio, tornaban imprácticas las disposiciones dirigidas a flexibilizar el suministro de LNG.

La limitación de alternativas para asegurar las entregas de combustible necesarias se hicieron patentes en julio, cuando NFE –en medio de la disputa por el primer contrato adjudicado– retiró un buque de LNG de la bahía de San Juan, obligando a su filial, Genera PR, a operar las plantas de la zona metropolitana con diésel, una fuente de energía más costosa.

Entre septiembre y octubre, el LNG tampoco estuvo disponible por un período de dos semanas, mientras NFE y una organización de pilotos marítimos litigaban en el Tribunal Federal sobre las capacidades requeridas para los barcos de remolque que asisten a los tanqueros de combustible en las entradas y salidas de la bahía.

El viernes, precisamente, la JSF notificó a Genera PR la aprobación de un contrato un año con Puma Energy para continuar entregando búnker C, un derivado del petróleo que es el otro combustible principal de la flota de generación, pero condicionado a que, junto al gobierno, desarrolle “un plan comprehensivo que garantice acceso abierto y confiable a la bahía de San Juan y otros puertos relevantes alrededor de la isla para promover efectivamente la competencia del mercado en relación al suplido de combustible y energía”.

El contrato adjudicado a Puma, tras un proceso competitivo administrado por Genera PR, tendrá vigencia hasta el 31 de octubre del año entrante, por una cuantía máxima de $1,000 millones. Sin embargo, el abogado general de la JSF, Jaime El Koury, advirtió que la opción de enmendar el contrato estará sujeta a que se presente el progreso del plan requerido en o antes de marzo de 2026.

“Durante el proceso de RFP (solicitud de propuestas), proponentes trajeron a colación problemas logísticos en el acceso al muelle C de San Juan (es decir, el punto de entrega requerido), y solicitaron que Genera asumiera ciertas responsabilidades relacionadas con la logística del lugar y coordinación con el puerto y los buques, así como otros requisitos de entrega que el RFP requería que asumiera el proponente. Según Genera, el suplidor (Puma) era el único proponente que no requería excepciones comerciales, toda vez que es dueño de la instalación portuaria que tiene una tubería directa y, por lo tanto, no necesita acceso al muelle C”, estipuló.

De acuerdo con El Koury, la oferta de Puma representó un aumento de 147%, respecto al contrato previo, en el “adder” o margen en el costo de unidad de combustible cuando el pago se emite 60 días después de la entrega, mientras que otro proponente presentó una propuesta más baja. Pese a ofrecer un mejor precio, el otro proponente recibió un puntaje más bajo en el RFP, debido a “la capacidad única de (Puma) de asumir todas las responsabilidades de logística y entrega”.

“La Junta de Supervisión está preocupada de que el acceso limitado a los muelles en la bahía de San Juan continúa emergiendo como una barrera recurrente que restringe la competencia del mercado”, estipuló.