El portal cibernético de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, en inglés) define “política del desastre” como las “decisiones del gobierno, la economía y la sociedad que generan, previenen o empeoran las catástrofes naturales y sociales…en lugar de ver los desastres como simples golpes de mala suerte, se entienden como el resultado de malas elecciones humanas y falta de preparación”.

A pesar de que el término se utiliza recurrentemente durante el siglo XXI para describir las respuestas gubernamentales ante emergencias catastróficas, como la experimentada en Puerto Rico tras el paso del huracán María, en 2017, lo cierto es que dista mucho de ser un fenómeno exclusivo de la actualidad.

La noche del 1 al 2 de septiembre de 1888, 11 años antes de la destrucción producida por el paso del histórico huracán San Ciriaco, el huracán San Gil, apenas documentado, causó extensas inundaciones en el sur de Puerto Rico, creando una emergencia sin precedentes para el gobierno.

Esa noche, los fuertes aguaceros asociados al paso cercano del fenómeno atmosférico afectaron a toda la isla, aunque particularmente a las comunidades cercanas al río Portugués, en Ponce, luego de que este se desbordara.

Según explica el historiador Michael Berríos, en su ensayo para la Revista Cuadernos de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, titulado “¡La culpa es tuya! La guerra mediática en torno a las inundaciones de Ponce del 1888”, las inundaciones significaron una tragedia para cientos de familias.

“Las lluvias no cesaban y los ciudadanos de Ponce se enfrentaban a una inundación severa. Para decenas de ponceños, esta sería su última noche con vida”, explica el historiador.

Los periódicos de la época brindaron amplia cobertura al desastre, en particular, El Boletín Mercantil, publicación de tendencia conservadora que defendía los intereses comerciales y políticos de España en la isla.

En el artículo “Las inundaciones”, publicado en la edición del 6 de septiembre de 1888 de El Boletín Mercantil, se ofrece un recuento detallado de la tragedia.

“Los barrios del Coto, Ballajá, y Cantera parecían un mar. 60 casas han sido destruidas y otras más, de madera y mampostería, han sufrido considerables averías. Los postes del telégrafo yacían en el suelo; las cañerías del acueducto y gas han sido rotas.... muchas personas han perecido ahogadas. Se cree que han perecido como cien personas. El comercio, la industria y la agricultura experimentan cuantiosos perjuicios”, indica el periódico.

El 7 de septiembre el diario reportaba que “en Coamo, el río se llevó una casa con todos los que la habitaban. Los perjuicios en la jurisdicción son notorios, habiendo alcanzado también la estación de baños medicinales. Diez personas han desaparecido de Santa Isabel, habiéndose encontrado ya seis cadáveres. Patillas estuvo sitiada por el agua. El puente entre aquella jurisdicción y Arroyo fue arrebatado por torrenciales avenidas”.

El 9 de septiembre más escenas trágicas eran reportadas.

“En el barrio del Portugués apareció, en la escalera de un casa, el cadáver de una niña que había perecido ahogada. En Machuelo Arriba ha aparecido el cadáver de otra niña, y el de una mujer, cerca del paso del río de la Playa. En el barrio Machuchal Abajo calculase en 25 el número de casas arrastradas por el río. De los alrededores de la hacienda Barrancas desaparecieron 17”, agrega la narración.

De los reportes de la época, se desprende la magnitud de la inundación, que causó daños severos en toda la isla dejando cientos de víctimas, especialmente los sectores más vulnerables de la sociedad.

En su ensayo, Berríos explica que la segunda mitad de la década de 1880 produjo grandes cambios en el sector liberal de Puerto Rico.

“Luego de la elección de 1884, en la cual, debido en buena medida a serias irregularidades y artimañas por parte de los incondicionales, el Partido Liberal Reformista fue derrotado de forma abrumadora por los incondicionales, los liberales puertorriqueños empezaron a orientarse hacia el autonomismo”, indica el historiador.

“El sector autonomista estaba compuesto, en gran parte, por el sector azucarero de Puerto Rico, el cual sentía resentimiento hacia el estado a raíz de la incapacidad de este de formular una política económica que permitiera la expansión sostenida de la economía azucarera del país”, añade.

Por su parte, los conservadores acusaban a los autonomistas de aspirar por una erosión del principio de la integridad nacional.

En el verano de 1887, el nuevo gobernador Romualdo Palacios desató una campaña represiva en la isla, provocando una oleada de arrestos, torturas, restricciones a la libre expresión y represión de la prensa. Las acciones represivas fueron concentradas en la costa suroeste, donde se encontraban las haciendas azucareras más grandes de Puerto Rico.

“La ola de represión, conocida ampliamente en la historiografía puertorriqueña bajo el nombre del ‘Año terrible del ‘87’, terminó con la destitución de Palacios como gobernador y su reemplazo, pero dejó marcas profundas en el archipiélago, especialmente en el pueblo de Ponce y en la región del suroeste”, argumenta Berríos en su ensayo.

El historiador explica que, finalizada la represión, la lucha ideológica vio una transición de una guerra de confrontación política directa, a una de confrontación a través de una batalla por el consenso.

“Tras las inundaciones de Ponce, los órganos de prensa partidista se convirtieron en un campo de batalla mediante el cual se pretendía construir dicho consenso. Para los autonomistas, Ponce significaba más que una mera tragedia, pues era personificación de Puerto Rico bajo el régimen incondicional (Partido Español sin Condiciones). De manera casi inmediata, los autonomistas desataron su furia contra el gobierno en los medios mediante el periódico autonomista El Popular de Ponce”, asegura Berríos.

Los ataques también se centraron en las cantidades recaudadas por los esfuerzos de ambos bandos ideológicos.

Según datos recopilados por el historiador, a una semana del desastre El Popular recaudó unos 2,800 pesos mientras que su contraparte, El Boletín Mercantil, unos 300 pesos. Tres semanas después de las inundaciones El Popular aumentó sus recaudos a unos 5,800 pesos y el periódico oficialista se mantenía por debajo de los 800 pesos.

Según el historiador, los desastres de entonces afectaron de manera desproporcionada a un sector vulnerable de la isla.

“La guerra mediática se disipó con el tiempo y los periódicos empezaron a enfocarse en otros asuntos. Sin embargo, cuando se observa la inundación sin lentes políticos o discursivos se observa lo siguiente: a pesar de la aportación colectiva a la recuperación, a los ciudadanos de Ponce no se les ayudó lo suficiente”, explica Berríos en su ensayo.

“La comunicación mediática durante la crisis se había divorciado de la realidad cotidiana que vivían los ciudadanos de Ponce, lo que dificultó el desarrollo de un esfuerzo de auxilio eficaz”, añade.

Según el relato, a seis meses de la inundación, aún se encontraban víctimas sin hogar y viviendo en condiciones de miseria a pesar de los supuestos esfuerzos de varios sectores del país para mitigar la tragedia.

El historiador argumentó, basado en la evidencia historiográfica, que el debate mediático ignoró totalmente a las verdaderas víctimas de la inundación, quienes no recibieron la atención adecuada que necesitaban para recuperarse de la tragedia.

“Mientras los periódicos vinculados a los partidos políticos hacían una guerra discursiva a costa de las víctimas y sin realmente escribir sobre la realidad que enfrentaban, los ciudadanos comunes y corrientes se vieron convertidos en peones de un juego de ajedrez político mediático, mientras que a medio año todavía había gente sin hogar propio”, indica Berríos.