

18 de enero de 2026 - 3:05 PM


Aunque el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) entiende “necesario” que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) reconozca las condiciones laborales que imperan en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), reclamó acciones concretas que mejoren el ambiente en el que los empleados realizan labores esenciales de seguridad.
La presidenta del SAME, Liz Colón Alicea, cuestionó que no fuera hasta que esa organización llevó sus reclamos a los medios de comunicación y La Fortaleza que el DSP detalló las acciones que han tomado para atender sus reclamos.
“Como matrícula, resulta válido cuestionar si fue necesario tener que recurrir al espacio público y a instancias externas para obtener una respuesta del secretario del DSP (Arthur Garffer), cuando estas situaciones fueron advertidas durante tiempo, directamente a la administración, sin que se atendieran con la urgencia requerida”, consideró Colón Alicea.
El jueves, el SAME dirigió una carta a la gobernadora Jenniffer González para pedir su intervención ante las condiciones laborales en el NMEAD, que describieron como “graves”. La respuesta de La Fortaleza, detalló Colón Alicea, se limitó a informar que remitirían la solicitud de reunión a la oficina de planificación y calendario.
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó a El Nuevo Día que recibieron la carta de SAME y la refirieron al asesor de asuntos laborales.
Ante las denuncias del sindicato la semana pasada, el DSP envió una comunicación escrita en la que detalló las gestiones que realizan para atender las necesidades de los empleados del NMEAD, que van desde falta de personal, mantenimiento a plantas físicas, escasez de equipo adecuado y ajustes en la compensación, entre otros.
El secretario Garffer confirmó que “el NMEAD enfrenta retos significativos en materia de reclutamiento y retención de personal, atribuibles principalmente a los niveles salariales actuales”. En ese sentido, indicó que el DSP se reunirá en febrero con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para abordar los planes de clasificación y retribución.
Igualmente, informó que desarrollan una “política formal” para la acumulación de licencia de vacaciones, el desembolso para la compra de uniformes, requisiciones “proactivas” de equipos esenciales y desembolsos para el mantenimiento de la planta física.
Ante la reacción del SAME este fin de semana, el DSP optó por no emitir comentarios adicionales.
El sábado, el DSP dirigió una carta directamente al SAME en la que resumió esas gestiones.
“Si bien el DSP ha enumerado gestiones y reuniones futuras, la realidad que vive nuestra matrícula y todos los empleados del NMEAD es que muchos de los problemas continúan sin soluciones concretas”, acentuó Colón Alicea, quien espera se le convoque a la reunión con la JSF para discutir los planes de clasificación y retribución de los empleados.
“Persisten reclamos fundamentales relacionados con una compensación justa conforme a las funciones que se realizan, la falta de personal, las condiciones inadecuadas en distintas facilidades, el incumplimiento de disposiciones del convenio colectivo y la ausencia de un plan claro que garantice estabilidad laboral”, subrayó.
Ante las expresiones del DSP, el gremio -que representa a 160 empleados del NMEAD- espera que lo expresado por Garffer “se traduzca en acciones reales, medibles y verificables, y no quede limitado a declaraciones”.
“El SAME continuará fiscalizando cada compromiso anunciado. Reconocer una problemática no es suficiente si no va acompañado de resultados concretos, con plazos claros y soluciones efectivas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre que sea genuino, con respeto y que se traduzca en beneficios reales para el personal del NMEAD”, puntualizó la líder sindical, quien instó a no perder el tiempo “justificando lo injustificable”.
Los conflictos entre las agencias y el SAME se agravaron luego de una reunión, en octubre, en la que se alega que Garffer “faltó el respeto” a Colón Alicea, lo que llevó a la líder sindical a presentar querellas que están pendientes de resolución en las oficinas de Ética Gubernamental y del Inspector General.
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