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Sindicato de Trabajadores de la UPR ratifica voto de huelga ante negativa de la administración sobre plan médico

La unión pactó un nuevo acuerdo con Triple S, pero la gerencia de la institución solicitó un mes para evaluarlo previo a aceptarlo

27 de agosto de 2026 - 3:47 PM

Reclamo por plan médico del Sindicato de Trabajadores de la UPR

Reclamo por plan médico del Sindicato de Trabajadores de la UPR

El gremio celebró a una asamblea extraordinaria para exigir que se ponga en vigor el contrato con la aseguradora Triple S para su matrícula.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificó este jueves, en asamblea extraordinaria, un voto de huelga que se activaría el próximo martes, 1 de septiembre, de no lograrse un acuerdo con la Administración Central sobre el plan médico seleccionado por el gremio.

Ese día, vence el convenio colectivo vigente entre ambas partes.

El gremio y la administración discrepan sobre la imposición del plan de salud de la UPR, que es distinto al que actualmente tienen los unionados, en su mayoría, empleados de mantenimiento y planta física de los recintos del sistema universitario.

Según el presidente del Sindicato, David Muñoz, el plan médico del gremio varía del de otros empleados de la UPR y no tiene costo para la matrícula, pues la administración lo costea. En 2021, se intentó incluir a estos trabajadores en el plan de salud de la UPR, al que tendrían que hacer aportaciones. Pero, en un proceso judicial y gracias al convenio colectivo, la unión logró mantener los acuerdos hasta el presente, cuando la administración buscó, nuevamente, hacer el cambio, coincidiendo con que el Sindicato sustituyó al proveedor de servicios por Triple S.

En la asamblea, Muñoz informó que ayer, miércoles, en una reunión en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Sindicato mostró a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y su equipo un informe de las medidas relativas al plan médico. Tras la reunión, agregó, la administración solicitó documentos adicionales, y fijó el 1 de octubre como fecha límite para completar una nueva evaluación. El Sindicato rechazó este proceder, catalogándolo como un acto de mala fe.

“Luego de decir que no cumple, ¿ahora dice que necesita 30 días más para ver si cumple? Tiene que ser para el 1 de septiembre, que fue la fecha que se concretó con Triple S, para que podamos empezar el contrato con los beneficios”, sostuvo Muñoz.

“La exigencia de la presidenta de un mes adicional para evaluar el cumplimiento no es razonable ni aceptable. Y es que los documentos sobre el proceso, siendo Triple S la seleccionada por el Sindicato, le fueron entregados a la administración en agosto, lo que representa tiempo suficiente para la requerida evaluación. Si el nuevo contrato no entra en vigor el 1 de septiembre, implantaremos el voto de huelga”, añadió.

Muñoz mostró, en la asamblea, una copia del contrato incluyéndole el nombre de Jordán Conde, y reiteró que el acuerdo con Triple S le ahorraría $800,000 a la UPR.

En declaraciones escritas, Jordán Conde hizo un llamado al diálogo, nuevamente, y reiteró que la administración evalúa la alternativa presentada por el Sindicato que, además, deberá ser considerada por la Junta de Gobierno de la UPR, que tendría la determinación final.

“Ante la ratificación del voto de huelga, reiteramos nuestro llamado al diálogo y a que cualquier diferencia pueda atenderse por las vías disponibles, evitando acciones que puedan afectar innecesariamente a los estudiantes, empleados y al funcionamiento de la Universidad”, expresó Jordán.

Actualmente, los empleados de la UPR están asegurados con MCS, mientras que el plan vigente –hasta el 31 de agosto– del Sindicato es con MAPFRE.

Más temprano y vía comunicado de prensa, la UPR aseguró que, de aprobarse el nuevo plan médico, entraría en vigor el 1 de octubre, por lo que el Sindicato tendría que extender su cubierta con MAPFRE por un mes adicional.

“Estamos ante un asunto que requiere acción y colaboración. La Universidad hará las gestiones que le corresponden para que este proceso pueda completarse responsablemente. Una vez cumplidos los requisitos y evaluada la documentación, corresponderá a la Junta de Gobierno considerar la alternativa presentada. Lo importante es procurar la continuidad del beneficio y que cada paso pueda sostenerse dentro del marco que rige a una institución pública”, dijo Jordán Conde.

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