La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, indicó que la administración universitaria trabaja en conjunto con la Junta de Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para lograr que los fondos necesarios lleguen a los recintos, y así proteger las labores académicas.

Jordán Conde reiteró que la meta de su administración es lograr que los recortes de presupuesto que enfrentarán los recintos tengan el menor impacto posible sobre estudiantes y empleados.

“Estamos atendiendo una realidad presupuestaria que requiere decisiones responsables y, al mismo tiempo, una defensa firme de los recursos que necesitan nuestros recintos. Nuestra prioridad es viabilizar la oferta académica, particularmente las secciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan continuar avanzando hacia la culminación de sus grados, mientras manejamos alternativas que permitan reducir el impacto fiscal sobre las unidades”, indicó la presidenta universitaria, mediante un comunicado de prensa.

La Junta de Gobierno de la UPR aprobó el lunes la distribución del presupuesto con el cual operarán este año fiscal los recintos, unidades y oficinas del sistema universitario, los cuales enfrentarán un recorte de unos $24 millones.

Dicha repartición se basa en llevar a $156 millones la aportación patronal que hará la UPR al Sistema de Retiro de sus empleados, en vez de los $177 millones que asignó la JSF al certificar el presupuesto consolidado en junio. No obstante, el ente fiscal aún no ha autorizado dicha reducción e informó, a preguntas de El Nuevo Día, que ha solicitado información adicional a la UPR, la cual recibió el martes.

Jordán Conde indicó, en las declaraciones escritas, que “realiza gestiones” para reducir el impacto en los recintos, aunque no precisó cuáles.

“Tenemos la responsabilidad de atender simultáneamente el presente y el futuro de la Universidad. Eso significa atender responsablemente las obligaciones de nuestro Sistema de Retiro, a la vez que preservamos la capacidad operacional de los recintos, apoyamos a nuestra facultad y garantizamos que los estudiantes tengan acceso a los cursos y servicios que necesitan”, indicó la presidenta.

El presupuesto consolidado de la UPR fue aprobado al cierre del pasado año fiscal. No obstante, los trabajos de la Administración Central para asignar dinero a cada recinto y unidad académica se retrasaron al punto que ya varios recintos comenzaron las clases del nuevo año académico sin saber con cuánto dinero realmente cuentan.

El recinto de Río Piedras tenía pautado su inicio de clases para este miércoles, pero lo pospuso para el 17 de agosto debido a la crisis de agua que enfrentan municipios de la zona metropolitana ante el racionamiento impuesto a abonados del embalse Carraízo.

“Cada recurso adicional que podamos identificar tiene que convertirse en una herramienta para fortalecer nuestras unidades. Por eso, hemos dispuesto que estos recursos se destinen a los recintos y continuaremos evaluando alternativas de ingresos, economías y eficiencias que nos permitan cumplir con la misión académica e investigativa de la Universidad”, apuntó Jordán Conde.