Tras años de servicio en la Universidad de Puerto Rico (UPR), en el 2011 la profesora Ana Luisa Sierra decidió acogerse a su pensión por incapacidad no ocupacional. El Sistema de Retiro de la UPR le aprobó entonces una pensión de $1,322.92, a la cual tenía derecho. Pero en el 2014, cuando la docente alcanzó sus 65 años, el Sistema le aplicó un brutal recorte de dos terceras partes que la dejó en $489.58.