En una carta abierta, 320 médicos de distintas especialidades instaron a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no firme el Proyecto del Senado (PS) 504, que reconoce al no nacido como una “persona natural”, por entender que la medida pone en riesgo la práctica médica y los derechos constitucionales de las mujeres y personas gestantes.

El PS 504, de autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría el Código Civil para reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, incluso antes del nacimiento, extendiéndole efectos legales que, según los firmantes, tendría graves implicaciones.

“La medida atenta contra el derecho a la autonomía de la persona gestante para tomar decisiones que afectan su cuerpo, así como su salud (...) Este cambio, sin duda, trastoca la relación médico-paciente, así como el manejo médico. También, pone en una situación difícil al obstetra-ginecólogo, así como a otros especialistas y subespecialistas, al momento de tratar a la persona gestante y proveer servicios de salud”, sostuvo el grupo de profesionales.

Entre las principales preocupaciones, los especialistas destacaron que el proyecto podría interferir con decisiones médicas urgentes, particularmente en situaciones donde la vida de la persona gestante está en riesgo.

Señalaron que, bajo el PS 504, terceros —incluyendo exparejas, excónyuges o personas sin vínculo directo— podrían intentar representar jurídicamente al embrión y detener intervenciones necesarias en emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias severas o complicaciones placentarias.

Advirtieron, además, que en casos de cáncer durante el embarazo, la ley podría impedir que la persona gestante y su médico determinen la terminación del embarazo para salvaguardar su vida o comenzar tratamientos urgentes.

Los profesionales también alertaron sobre el peligro de abrir la puerta al acceso no autorizado a información médica confidencial, mediante la representación jurídica del embrión, en contraposición a la Health Insurance Portability and Accountability Act (ley HIPAA, por sus siglas en inglés).

Del mismo modo, señalaron que embarazos con malformaciones incompatibles con la vida podrían convertirse en procesos judicializados si parejas o exparejas intentan impedir la terminación recomendada por el equipo médico, obligando a la persona gestante a continuar un embarazo no deseado y poniendo en riesgo su salud física y emocional.

El documento advierte, además, que el PS 504 podría criminalizar a mujeres y médicos en eventos de pérdida de embarazo por causas médicas, creando un ambiente de incertidumbre y miedo en la práctica clínica.

Otro escenario planteado por los doctores sería su impacto en casos de violencia doméstica.

“En un país con alto índice de violencia de género, una mujer embarazada cuya vida esté en riesgo por complicaciones obstétricas, la pareja maltratante podría asumir el rol de representante del feto y obstaculizar la atención médica necesaria para salvar la vida de la persona gestante”, argumentaron.

Asimismo, arguyeron que, en casos de violación, la medida podría obligar a la víctima a enfrentarse a un proceso judicial adicional si el agresor reclama representar al embrión para decidir sobre el futuro del embarazo.

Por último, plantearon interrogantes sobre responsabilidad civil y criminal: quién sería responsable si una persona gestante muere porque ella y su equipo médico no pudieron actuar con rapidez debido a la intervención de terceros que asumieron la representación legal del embrión o feto.

“Aunque la medida propuesta diga que no limita la autonomía de la mujer, los tribunales y aseguradoras podrían interpretar la norma de formas distintas. Para la práctica de la medicina introduce incertidumbre al momento de aconsejar y documentar y puede empujar hacia una medicina más defensiva, con miedo a reclamaciones ‘en nombre’ del nasciturus (no nacido)“, sostuvieron.

“Es lamentable que la comunidad médica no fue consultada durante el proceso legislativo sobre las graves implicaciones que este tipo de medidas tiene sobre la práctica de la medicina y no cuenta con base científica alguna que valide su necesidad”, señalaron.

Los departamentos de Justicia y Familia fueron las únicas agencias que se expresaron sobre el PS 504, según recoge el informe preparado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Rivera Schatz. La medida fue aprobada por descargue y sin la celebración de vistas públicas.

Particularmente sobre las enmiendas propuestas al Artículo 69 del Código Civil, a los fines de disponer que “todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica desde el momento de la concepción”, el Departamento de Justicia advirtió que la redacción representa un cambio significativo en la estructura jurídica vigente y expresó preocupación en cuanto a los derechos hereditarios reconocidos al nasciturus.

La versión final enviada a la gobernadora -el 20 de noviembre- dispone que “los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nasciturus están subordinados al acontecimiento del nacimiento".

El Departamento de la Familia favoreció la legislación. El PS 504 tiene como coautores a los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, y a la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve.