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“¡Somos los abogados del pueblo!”: empleados de Justicia marchan para exigir a la Junta Fiscal que conceda aumento salarial

Al son de panderetas y bocinazos, fiscales, procuradores y registradores de la propiedad se dieron cita a la sede del organismo, en la “Milla de Oro”, en Hato Rey

11 de junio de 2024 - 7:02 PM

Sobre 200 empleados de Justicia, incluyendo fiscales de las 13 regiones judiciales, acudieron a la marcha. (alexis.cedeno)

Hato Rey, San Juan - En medio de consignas y bocinazos, alrededor de 200 empleados del Departamento de Justicia, incluyendo fiscales, procuradores y registradores de la propiedad, se congregaron en la Milla de Oro, en Hato Rey, para protestar y para exigirle a la Junta de Superivisión Fiscal (JSF) que conceda el aumento salarial contemplado en una ley aprobada en diciembre de 2023 por el gobierno de Puerto Rico.

A las 4:00 p.m., el color blanco y el sonido de las panderetas inundó la acera frente al edificio Seaborne, donde ubica la sede de la JSF. Allí, representantes de las 13 fiscalías de Justicia marcharon mientras recitaban cánticos como “¡Justicia salarial, al fiscal hay que pagar!” y “¡Tengo ley aprobada y la tienes secuestrada!”.

Los reiterados llamados de los funcionarios aludían al aumento salarial contemplado en Ley 134 firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, legislación que no ha entrado en vigor puesto que el ente fiscal no ha autorizado el aumento.

“El reclamo que los miembros del Ministerio Público estamos haciendo es que la Junta de Control Fiscal dé paso a los fondos que requiere la Ley 134 del 2023. Esa ley enmendó una ley del 2022 que había dado unos aumentos a los fiscales, pero que, al cambiarse el número base y los porcientos, dejó a los fiscales auxiliares y a procuradores con el mismo salario”, expresó el presidente de la Asociación de Fiscales, Javier Rivera, a El Nuevo Día.

El fiscal Javier Rivera Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, resaltó que el hecho de que los fiscales no han recibido un aumento salarial significativo ha provocado un éxodo de personal que continuará agravándose si la legislación no entra en vigor.
El fiscal Javier Rivera Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, resaltó que el hecho de que los fiscales no han recibido un aumento salarial significativo ha provocado un éxodo de personal que continuará agravándose si la legislación no entra en vigor. (alexis.cedeno)

Según el licenciado Rivera, el hecho de que los fiscales no han recibido un aumento salarial significativo ha provocado un éxodo de personal que continuará agravándose si la legislación no entra en vigor.

Precisamente, ese sentir lo compartieron los manifestantes quienes expresaron que lo que han recibido son “migajas”. En sus manos llevaban pancartas que leían “Justicia para los que hacen justicia” y “Si la Junta no hace caso, ¿quién radicará los casos?”.

“Conocemos a muchos fiscales que han renunciado. Hay muchos compañeros que pueden estar 20 años con el puesto de fiscal uno y tener ese mismo salario toda su trayectoria. Eso es lo que queremos evitar porque los fiscales, obviamente por nuestro trabajo, ganamos una experiencia en el litigio criminal que tiene mucho valor en la calle y cada vez es más atrayente para fiscales renunciar e irse a la práctica privada”, denunció el presidente de la Asociación de Fiscales.

Justicia ya hace frente a dicho escenario, pues la agencia, de momento, tiene 70 vacantes, indicó a El Nuevo Día la Jefa de Fiscales, Jessika Correa González.

El pasado 4 de junio, los representantes del Ministerio Público se reunieron con miembros de la JSF para dialogar sobre el aumento salarial. Para Correa González, la reunión representó una oportunidad para explicar, a fondo, las labores de un fiscal y la carga que conlleva la profesión.

“Ellos nos pidieron espacio para poder analizar. Hasta el 30 de junio tenemos para que se pueda aprobar el presupuesto del país y ellos puedan certificar la ley. El dinero está. El Departamento lo consiguió y lo certificó. Así que estamos esperanzados. No nos rendimos y seguimos”, sostuvo Correa González.

“Tienen que darnos la partida porque todos estos funcionarios públicos que representamos (a) las víctimas lo merecemos. Pedimos que nos escuchen”, exigió la funcionaria.

La jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González.
La jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González. (alexis.cedeno)

Si no se da paso, antes del 30 de junio, al uso de los casi $5 millones identificados, el dinero se perderá porque irá al Fondo General, recordó Correa González.

La Jefa de Fiscales señaló que, pese a que cientos de empleados acudieron a la manifestación, los servicios en las 13 regiones judiciales no se afectaron y que los procedimientos judiciales se ejecutaron como de costumbre.

“Yo confío que dentro del análisis fiscal y financiero que ellos deben estar haciendo ahora mismo van a poder garantizar el aumento”, concluyó la licenciada.

Para Grace Casanova, portavoz del Grupo de Coordinadores del Ministerio Público de los Procuradores de Asuntos de la Familia, el tiempo ya se acabó.

“No nos dan ninguna explicación. Nosotros representamos a los menores víctimas de maltrato. Nosotros somos los que comparecemos para proteger a los incapaces. Representamos al Estado para velar que se cumpla con las garantías estatutarias.”, sostuvo Casanova.

Más allá de las labores, la portavoz, a su vez, resaltó los peligros inherentes de la profesión.

alexis.cedeno
(alexis.cedeno)

“Muchos de nosotros nos ven aquí porque hemos recibido amenazas de muerte. Así es que nuestra vida cambia. Tenemos que proteger a nuestras familias de otra manera. Tenemos que movernos de otra forma. Y seguimos aquí porque tenemos un compromiso con nuestro país, con que nuestro país mejore. Pero entendemos que es necesario que se nos pague lo justo y razonable”, expresó la procuradora.

La protesta se extendió hasta las 5:30 p.m., y los asistentes enfatizaron que mantendrán la lucha hasta que se concrete el aumento salarial.

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