Caguas - Jonathan López Jiménez, el joven paciente de esquizofrenia encarcelado repetidamente a pesar de sus diagnósticos de salud mental, fue trasladado ayer, miércoles, al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras, donde finalmente recibirá el tratamiento médico –para sus condiciones mentales y físicas– que, según su madre y su abogado, no se le ha estado suministrando desde que fue ingresado en prisión, por cuarta vez, en diciembre del año pasado.

La revelación trascendió en una vista celebrada este jueves en el Tribunal de Primera Instancia de esta ciudad, en la que un psicólogo forense bajo contrato de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) declaró que Jonathan, al igual que en las cuatro evaluaciones anteriores que le hizo, sigue sin estar en condiciones de ser enjuiciado por los cargos de daño agravado y exposiciones deshonestas que pesan contra él tras un incidente con sus vecinos en una urbanización cagüeña, consecuencia de su padecimiento de esquizofrenia paranoide.

“Tras cuatro evaluaciones, no se observa que esta persona vaya a adquirir la capacidad para ser juzgado”, dijo en corte el doctor Carlos Rivera Lluberas, quien, además, indicó que la capacidad de Jonathan para cooperar con su defensa está “muy comprometida” y que ni siquiera tiene plena comprensión de que es un paciente mental.

Jonathan, de 24 años, está preso desde que el 2 de diciembre del año pasado fue acusado de romper a pedradas varias ventanas de la casa de un vecino, frente a cuya residencia también se alega que se masturbó.

A pesar de que el 2 de junio se cumplieron los seis meses máximos que la Constitución dispone que alguien puede estar encarcelado sin juicio, Jonathan, al igual que decenas más de enfermos mentales, continúa preso porque el Estado no ha concluido los análisis que determinarían si está apto o no para ser enjuiciado.

En 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el término constitucional de juicio rápido se interrumpe cuando alguien es declarado no procesable. Un proyecto de los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González, que prohibiría el encarcelamiento por más de seis meses de personas sujetas a la Regla 240 de Procedimiento Criminal –que son los imputados cuya capacidad mental es evaluada por petición de su defensa– fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes, pero no ha sido firmado aún por la gobernadora Jenniffer González.

La vista de Jonathan que tuvo lugar este jueves estaba señalada para septiembre. Pero, tras la publicación de su caso en El Nuevo Día, fue adelantada. Tras la determinación del doctor Rivera Lluberas de que no hay posibilidades de que Jonathan pueda enfrentar juicio, se le hará una evaluación adicional en el Hospital de Psiquiatría Forense, tras lo cual se tomaría la determinación de que el joven no es procesable de manera permanente.

De ser ese el caso, se le archivan los cargos, se evalúa si es una persona peligrosa o no y, dependiendo de esa determinación, se le refiere a una reclusión en una institución civil o a tratamiento ambulatorio. “Todo parece indicar que, en la próxima vista, muy probablemente haya una declaración de no procesabilidad permanente”, dijo Julián Parrilla, el abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que representó a Jonathan en sala.

“Me tranquiliza que se le esté dando tratamiento, pero me siento un poco triste porque, si en la evaluación sale que es peligroso, no me lo van a devolver”, dijo, por su parte, Johanna Jiménez, la madre de Jonathan, una maestra de escuela elemental que en la actualidad se dedica a tiempo completo a cuidar a su madre.

El encarcelamiento más extenso del joven fue entre junio de 2022 y abril de 2024, también por haber roto a pedradas las ventanas de un vecino, de lo que se declaró culpable a pesar de sus condiciones mentales, para acelerar su salida. Durante ese tiempo, se le detectó en prisión –al parecer, tarde– una condición de colitis ulcerosa que obligó a que, a los 23 años, le extirparan el colon.

En la vista de este jueves, que duró menos de 10 minutos, trascendió que el joven sigue teniendo sangrados rectales y que no había estado recibiendo tratamiento para ello en la Institución Ponce 500, donde estaba recluido hasta que fue trasladado a Psiquiatría Forense, en el que hay una lista de espera enorme, pero que encontró espacio para Jonathan cuando su caso fue publicado en este diario.

La madre dijo que, cuando lo visitó la semana pasada, notó que su salud física también se había deteriorado. “Estaba más callado, más retraído, casi no se podía incorporar y tenía las uñas azules”, dijo Jiménez. Uñas azulosas, por lo regular, indican algún problema en la sangre. “Todo ese tiempo había estado sangrando y no lo habían tratado”, agregó la mujer.

El licenciado Parrilla recordó que los representantes legales de Jonathan sometieron varias mociones solicitando que se le diera el tratamiento que necesita. Su situación se complica también porque sus problemas de salud mental son tan severos que él mismo no tiene conciencia de que está enfermo, reiteró el doctor Rivera Lluberas.

Desde los 18 años, Jonathan López Jiménez, hoy de 24, tiene diagnóstico de esquizofrenia paranoide, una de las más graves enfermedades mentales, que hace al que la padece alucinar, delirar y creer que alguien o algo lo persigue o quiere hacerle daño. A pesar de ese diagnóstico, ha sido encarcelado en cuatro ocasiones: dos por problemas con su propia familia y dos por disputas con los vecinos.

También, ha sido recluido en múltiples ocasiones en instituciones mentales.