El Negociado de Energía determinó que no revertirá su decisión de aplazar el pago de unos $17.6 millones destinados para la compra de combustible y que están al centro de un reclamo de la empresa New Fortress Energy (NFE).

A la vez, calificó la posición asumida por la empresa como “imprudente” al amenazar el suministro de gas natural para Puerto Rico y condicionarlo a que el ente regulador cambie una resolución ya emitida.

“Sin adjudicar mediante esta resolución y orden los efectos jurídicos de esa comunicación, el Negociado de Energía advierte que su contenido constituye una exigencia acompañada de la amenaza de no comprometer suministros futuros de gas natural si no se revoca o modifica una determinación regulatoria y se ofrecen las garantías de pago reclamadas por NFE. Condicionar de esa manera un suministro esencial, con pleno conocimiento de las consecuencias que su interrupción puede ocasionar para la confiabilidad del sistema eléctrico y los costos de sus consumidores, constituye una posición imprudente e incompatible con la responsabilidad que exige su participación en el abastecimiento energético de Puerto Rico”, manifestó el ente, en una nota al calce de la resolución y orden.

“El Negociado de Energía no puede aceptar que la continuidad de ese suministro se utilice como instrumento de presión para obtener decisiones regulatorias favorables al suplidor. Esta actuación adquiere mayor gravedad al examinarse junto con las deficiencias de suministro atribuidas a NFE que constan en el expediente y motivaron las investigaciones ordenadas en la resolución de 30 de septiembre, sin prejuzgar las responsabilidades que finalmente se determinen”, añadió.

En una carta enviada el 2 de octubre, NFE levantó bandera sobre la determinación del Negociado de Energía, emitida el 30 de septiembre, de aplazar el pago de unos $17.6 millones “asociados a las deficiencias en el suministro de gas natural”. Diferir este dinero fue incluido como parte del análisis para calcular el ajuste en la tarifa eléctrica que pagan, desde el 1 de octubre, los abonados de LUMA Energy. Para la empresa, la orden representa un incumplimiento con los contratos de venta de combustible (GSA, por sus siglas en inglés) establecidos con la AEE.

“Como consecuencia de lo anterior, NFE no puede comprometer ningún LNG (siglas en inglés para gas natural licuado) para Puerto Rico de cara al futuro, dado que el Negociado de Energía ha dejado claro que prevé que no se realizarán los pagos a NFE según lo estipulado en el GSA”, manifestó NFE en la comunicación escrita.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de NFE a la resolución y orden del Negociado.

En su resolución de cuatro páginas emitida el domingo, el ente regulador sostuvo que los argumentos esbozados por NFE en su carta del viernes no fueron presentados por los canales oficiales. Del mismo modo, la misiva “carece de firma” y tiene atribuciones erróneas, argumentó.

La carta fue presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) junto a una moción que radicó la corporación pública para informar al Negociado sobre la postura de la empresa. La misiva indica que fue enviada al zar de Energía, Josué Colón, al Negociado de Energía y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés).

“En consecuencia, el Negociado de Energía no atenderá mediante esta Resolución las exigencias de revocación o modificación formuladas en esa comunicación. Esta determinación no adjudica su eficacia como notificación entre las partes contratantes ni desconoce la información operacional comunicada por la AEE”, establece la resolución, firmada por el presidente del Negociado, Edison Avilés, y los comisionados asociados Sylvia Ugarte Araujo y Omar Rodríguez González.

El Negociado de Energía emitió su resolución horas después de que se suponía que el tanquero con gas natural Amur River entrara a la bahía de San Juan, el domingo, para proveer combustible a plantas generatrices de la AEE.

La resolución destaca que el Negociado no ha modificado los términos de los contratos entre NFE y la AEE con su orden del 30 de septiembre, pero deja claro que puede adoptar “las medidas necesarias para proteger el interés público” si se compromete “gravemente la continuidad del servicio, la confiabilidad del sistema eléctrico o los intereses de los consumidores”.

Asimismo, defendió su determinación de diferir los $17.6 millones por las deficiencias en el suministro del gas natural, al argumentar que es una acción para proteger a los consumidores.

Advirtió a la AEE que incumplir con la orden del 30 de septiembre podría llevar a la imposición de multas administrativas de hasta $250,000 por violación.

“El planteamiento de que impedir la entrada de una embarcación con gas natural aumenta los costos para los consumidores debe distinguir entre la necesidad inmediata de pagar el combustible sustituto y la responsabilidad por ese costo. Aunque la AEE tenga que pagar al suplidor de diésel para mantener la operación del sistema, ello no significa que el costo incremental deba trasladarse a los consumidores ni que necesariamente deba esperarse a la conclusión de una controversia para ejercer los remedios disponibles frente a NFE”, estableció.

“Sin adjudicar esas responsabilidades en este momento, corresponde evaluar si esos costos deben ser asumidos por NFE conforme a los contratos aplicables y si procede descontarlos, compensarlos o retenerlos de los pagos al suplidor mediante los mecanismos jurídicos y contractuales disponibles”, reafirmó el Negociado.

En medio de la controversia por la posposición de la entrada del Amur River a la bahía de San Juan, la AEE -por separado- también recurrió al Tribunal Federal para reclamar que NFE permita el uso de sus instalaciones a otra empresa que puede suplir gas natural para las centrales Palo Seco y San Juan.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón, sostuvo que todos los entes que tienen injerencia en los asuntos relacionados al suministro de combustible para las generatrices trabajan para solucionar la actual controversia.

“Nuestra prioridad continúa siendo la misma: procurar la continuidad del suministro de gas natural, proteger los intereses del sistema eléctrico y de los consumidores, y asegurar que cada controversia sea atendida por la entidad responsable y mediante los mecanismos establecidos para ello”, indicó Colón, mediante un comunicado de prensa.

Mientras se dilucida esta controversia, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó este lunes a Genera PR la aprobación, con condiciones, de su plantilla para un contrato marco (“master contract”) para la compra de gas natural. Este “master contract” aplicaría para la adquisición de este combustible a suplidores distintos a NFE y por “periodos reducidos”.

En su carta a ejecutivos de Genera PR, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, destacó la importancia de contar con el documento modelo, para el cual proponen topes para las cuantías de contrato y pasos para su evaluación.

“La Junta de Supervisión reconoce que el marco propuesto podría facilitar la capacidad de la AEE para asegurar un suministro alternativo de gas natural y lograr oportunidades de ahorro de costos en estas y otras circunstancias que requieren una actuación oportuna”, sostuvo Mujica, aunque sin mencionar la controversia de los últimos días por el suministro de gas natural.