Juristas, psicólogos, criminólogos y representantes de organizaciones religiosas y de derechos humanos rechazaron este miércoles una legislación que ampliaría los delitos por los que menores podrían ser procesados como adultos, al resaltar que el encarcelamiento de jóvenes desemboca en mayor reincidencia y vulneración de esta población, aparte de que sería un retroceso frente a medidas de rehabilitación.

Por separado, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez Cordero, confirmó a El Nuevo Día que celebrará vistas públicas para atender a los grupos a favor y en contra del Proyecto del Senado (PS) 38, que fue aprobado en ese cuerpo, a finales de agosto, apenas con un informe que incluyó un memorial del Departamento de la Familia, que no mostró oposición.

“Es extremadamente peligroso. En primer lugar, hay una cuestión estrictamente factual, y es que hemos reconocido que hay una dimensión del cerebro humano que no se ha desarrollado plenamente en el caso de la población de menores. Históricamente, el sistema legal ha descansado en el saber que ha producido la ciencia para, entonces, acoplarse y ponderar lo que entienda que son legislaciones y toma de decisiones”, planteó la socióloga y criminóloga Madeline Román, en conferencia de prensa, desde el Colegio de Abogados y Abogadas.

Pese a que la medida –de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Shcatz, y otros tres legisladores penepés– fue radicada a principios del cuatrienio, no fue hasta agosto, después días después del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito, que se radicó el informe para bajarla a votación, sin vistas públicas, alertó, por su parte, Iris Rosario, catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El PS 38 propone enmendar la Ley 88 de 1986 para procesar como adultos a menores por delitos como asesinato en segundo grado, atenuado y estatutario –conocido en inglés como “felony murder”–, al extender las “exclusiones automáticas” del Procurador de Menores. Actualmente, la exclusión es automática para el cargo de asesinato en primer grado, por el que Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, está imputada en el caso de Pratts Rosario. Este miércoles, precisamente, Avilés Cabrera fue encontrada como no procesable, por el momento, tras ser evaluada por un sicólogo del Estado.

“Hace muchísimo tiempo que, cada vez que hay un caso de alta cobertura mediática que envuelve menores o personas en general, hay una tendencia a proponer, en ese momento, un endurecimiento de las penas y castigos. Es importante preguntarnos: si el endurecimiento de las penas no ha implicado un declinar de la población adulta, ¿por qué pensamos que lo va a hacer en el caso de los menores?”, esbozó Román, catedrática jubilada de la UPR.

En tanto, Pérez Cordero comentó que, antes que finalice esta semana, anunciaría las fechas para las vistas públicas, pues buscará tener “una discusión amplia” con expertos en el tema y las agencias con jurisdicción para analizar las implicaciones del proyecto.

Hasta el 17 de septiembre, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) reportó que el Centro de Tratamiento Social de Ponce tiene custodiados a 28 menores –25 varones y tres féminas– por faltas; y el Centro de Detención Social de Villalba tiene 47, todos varones.

A pesar de que el senador Ángel Toledo estableció –en el informe de la Comisión de lo Jurídico– que se hizo un “análisis minucioso” del PS 38, la experimentada jurista Dora Nevares anotó, en la conferencia de prensa, que la medida “tiene un defecto serio de técnica legislativa”.

“Algunos de los artículos enmendados están enmendando una ley que ya no existe, porque este proyecto, especialmente en el artículo 15, obvia la enmienda que se hace por la Ley 47, de 2022, la cual uno de sus autores fue el senador Rivera Schatz. Entonces, lo que hicieron fue no enmendar ese texto vigente, sino enmendar el texto que esa ley derogó. En términos de técnica legislativa, es un desastre”, señaló la catedrática emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Rosario resaltó, por su parte, el presunto cambio de parecer de Rivera Schatz, quien, en 2022, fue coautor de la llamada “reforma de justicia juvenil”, liderada por el exsenador José Vargas Vidot.

“Con la reforma aprobada, se redujeron de manera importante los delitos por los que un adolescente podía ser excluido de la jurisdicción de menores, luego de celebrada una vista. Inexplicablemente, algunos senadores que impulsaron esa reforma, hace tan solo tres años, promovieron recientemente la aprobación del Proyecto del Senado 38”, insistió, al leer la declaración firmada por casi una veintena de académicos y entidades de profesionales de la conducta humana y el derecho.

Al citar un informe de 2021 del DCR sobre la población en instituciones juveniles, Rosario señaló que “el 44% de los menores expresó que se sentían desesperanzados, el 42% tuvieron un ambiente familiar conflictivo, el 71% usó alcohol, el 84% usó drogas, el 48% de los varones y el 100% de las niñas han tenido familiares en prisión”.

El doctor Luis Alberto Zambrana González, catedrático de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, enfatizó que “juzgar a un menor como adulto es una vulneración a su posición como menor y una infracción, en gran medida, del deber del Estado de velar por los mejores intereses de ese menor”.

“Vamos a escuchar a las ciencias de la conducta, vamos a escuchar a las neurociencias, vamos a ver los estudios empíricos para crear un sistema que no solamente sea político criminalmente efectivo, sino justo con todos y todas”, manifestó.