Ciudadanos de Rincón reclamaron ayer, sábado, durante un evento de limpieza, un nuevo deslinde que permita el acceso al llamado Camino del Faro en la costa del barrio Puntas, en ese municipio, que, presuntamente, transcurre por una propiedad privada.

Miembros de la comunidad han afirmado que el camino, donde se encuentran vías del antiguo Tren de Circunvalación de Puerto Rico, supuestamente, está ubicado en la zona marítimo terrestre, por lo que “pertenece al pueblo de (Puerto Rico)”, según una publicación de Facebook de la página Rescate del Camino del Faro.

“En el 2014, se hizo un deslinde que le otorgó a dos personas que están aquí propiedad de este camino, y lo cerraron”, expuso el líder comunitario Carlos Miranda, en entrevista telefónica. “La comunidad está aquí hoy (ayer) reclamando un nuevo deslinde, que se haga correctamente”, agregó.

El deslinde es un proceso mediante el cual se establecen los límites entre uno o más inmuebles colindantes con el dominio público marítimo terrestre. Este puede ser “de oficio” o “a petición de parte”, mediante un agrimensor, y debe ser ratificado como correcto por el titular el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El Nuevo Día solicitó declaraciones del DRNA, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El reclamo de la comunidad, aseguró Miranda, no es nuevo. “Esto es una guerra que llevamos ya 25 años”, afirmó. Indicó, además, que el camino se extiende desde la antigua planta nuclear Bonus hasta la propiedad privada.

Residentes en Rincón sometieron, en 2018, una solicitud para que el DRNA trace un nuevo deslinde. Según la petición, imágenes supuestamente muestran que el camino –que, dicen, se utilizaba desde los tiempos de dominio español en Puerto Rico– está en zona marítimo terrestre, por lo que es un terreno público.

Otro deslinde en Rincón estuvo, recientemente, en el centro de una controversia. El DRNA anuló, en junio de 2022, la certificación de deslinde de la zona marítimo terrestre que dio base al permiso de construcción en las áreas recreativas en el condominio Sol y Playa.

La demolición de las áreas recreativas construidas ilegalmente en el complejo residencial aún no se ha llevado a cabo. El juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, concedió, a finales de agosto, un término de 15 días a las partes involucradas en el caso para evaluar alternativas para cumplir con la sentencia que ordena la demolición de la construcción.