En estos momentos, la palabra de moda en Venezuela es “exprópiese”.  Es la singular forma de Hugo Chávez de anunciar la toma a la fuerza de cualquier activo perteneciente a un privado: haciendas, hoteles empresas productoras de alimentos, tiendas de expendio de alhajas, clubes deportivos, embotelladoras, autos, estaciones de radio, centros comerciales, casas, aviones, apartamentos, locales comerciales... en fin.

 Las tomas “pacíficas y democráticas” de lo que aparezca en el camino del  caudillo criollo han abultado el número de propiedades de la nación de tal forma que el Gobierno de Venezuela es dueño de prácticamente todo el país. Esta política, coherente con la prédica marxista, somete a un único postor los llamados “medios sociales de producción”.

 En un principio, las expropiaciones eran pagadas tal y como lo establece la Constitución nacional. El desembolso ha sido, en los últimos cinco años, de $9,000 millones, cancelados a las principales afectadas: petroleras, cementeras, panificadoras, constructoras: el gran capital internacional.

 Pero cifras recientes de la Confederación Nacional de Industriales -Conindustria- señalan que el total de las acreencias del estado para con privados llegó a $18 millardos en el mes de octubre, luego de que arreciara la ola expropiatoria. Lo que muchos dudan es si el Estado culminará el pago de las tomas. Con un país altamente endeudado externamente, unos $69,000 millones con socios rusos, brasileños, chinos, bielorrusos, iraníes, entre otros, es poco probable que la cancelación sea efectiva o, por lo menos, expedita.

 Pareciera que las tomas, que continuarán en los próximos días, son medidas desesperadas en un gobernante que mientras más poder económico capta a la fuerza menos apoyo popular obtiene, sobre todo en sectores que jamás le fueron afines: las clases medias.

 La reciente expropiación de más de 25 conjuntos residenciales, dirigidos a clases emergentes, evidenció que nadie se salva en Venezuela: ni los presuntos monopolios de la oligarquía criolla ni las clases medidas e incluso, las populares. Ya ha sido emitida la orden de que ningún privado podrá vender, gravar o permutar una vivienda sin permiso del Gobierno. Y esto afecta a todo el tejido social nacional.

 La nueva forma de concebir la propiedad en Venezuela es la social de estado como paso previo a un neosocialismo de inspiración castrista cubana. Ante esta realidad, muchos se preguntan ¿tiene sentido imponer tales cambios a sólo dos años de elecciones presidenciales? ¿Consolidará su poder el grupo que manda en Venezuela en los comicios de 2012? O por el contrario continuará la tendencia que inicia el crecimiento exponencial de los votos de la opción opositora?  En el último conteo, en donde se escogieron a los nuevos diputados, los antagonistas a Chávez obtuvieron casi seis millones de votos en las urnas electorales, unos 400 mil sufragios más que la opción socialista radical.

 En los próximos dos años, la prueba de fuego del presidente de Venezuela será la de confiscar uno de los pocos negocios que aún están en manos privadas: los medios de comunicación independientes. De hacerlo, de silenciarlos, en especial al canal de noticias Globovisión, sólo quedará un activo: la voluntad de los venezolanos de cambiar de situación política, económica y social.

 La conciencia de que el Socialismo del siglo XXI, vendido hace doce años como la panacea para todos los males que ya aquejaban a la nación, ya no funciona en una sociedad que siempre fue abierta, democrática e incluyente. La confrontación, exclusión y la imposición de un modo de vida que fracasó en otras latitudes no tiene asidero en la Venezuela de 2010 en donde el ciudadano común y corriente vive al acecho de la palabra de moda: “Exprópiese”.