Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, permanece en prisión, y su hermana Maribel Espaillat sigue hospitalizada. Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito Nacional continúa recibiendo querellas y denuncias en su contra, incluyendo la de la esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel.

Unas 82 acciones legales, entre querellas y denuncias, han sido presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional tras el trágico derrumbe que dejó 226 muertos y más de 180 heridos.

La querella más reciente fue presentada por Massiel Javier Almonte, esposa de Octavio Dotel. La señora Almonte se querelló formalmente contra los propietarios de la discoteca Jet Set y reclama una indemnización de 300 millones de pesos.

Massiel Javier Almonte, quien ya había presentado una denuncia previa, formalizó la querella con constitución en actor civil a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García, en la Fiscalía del Distrito Nacional.

La instancia solicita que se impongan medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat. Además, se pide que se admita la querella en representación de sus hijos menores y que se imponga una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de los querellados.

También se solicita que se autorice a Massiel a inscribir una hipoteca judicial provisional sobre los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar un embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.

Por su parte, la defensa de Antonio y Maribel Espaillat aseguró que sus clientes cuentan con el presupuesto suficiente para justificar que permanezcan en libertad, ya que no representan peligro de fuga.

Los doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez argumentan que la medida de coerción más apropiada para los hermanos Espaillat “es que, si estaban en libertad, que continúen en libertad”.

Reiteraron que no hubo intención criminal por parte de los propietarios de la discoteca Jet Set en lo ocurrido el pasado 8 de abril, día de la tragedia. Insistieron en que la gente debe entender que no se trata de un caso de criminalidad organizada.

A la salida de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra recluido Antonio Espaillat, los profesionales del derecho manifestaron que su cliente se siente bien y tranquilo, a la espera de la audiencia para la medida de coerción.

En cuanto a Maribel Espaillat, sostienen que sigue hospitalizada en una clínica de esta capital y se encuentra bajo el control del Ministerio Público.

Los hermanos Espaillat son investigados por el delito de homicidio involuntario. También son señalados como responsables de intentar “intimidar o manipular” a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.

Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.

Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente omitir una intervención física que hubiera impedido el colapso del techo del centro de diversión.

En las querellas y denuncias, los demandantes alegan que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales, además de solicitar al Ministerio Público que pida prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.

Algunas de las demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.

El trágico suceso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set. Pérez es una de las víctimas mortales de la tragedia.