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20 de septiembre de 2025
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El gobierno de Estados Unidos emitió una visa para un funcionario brasileño que asistiría a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pero el documento le imponía restricciones de movilidad dentro del país, lo que provocó una protesta de la nación sudamericana ante el organismo internacional, dijeron el viernes a The Associated Press dos altos funcionarios brasileños.
La queja del gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva surge después de que su ministro de Salud, Alexandre Padilha, recibiera, después de una larga espera, una visa estadounidense que limita su movimiento en Nueva York a la sede de la ONU y a unas pocas cuadras cercanas a su hotel.
El gobierno de Brasil también expresó en su carta al secretario general de la ONU, António Guterres, su preocupación de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda negar, revocar o restringir visas a otros funcionarios que tienen previsto asistir a la asamblea.
La protesta de Brasil se suma a las diferencias entre los dos países tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas en relación con el juicio del expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal del país por encabezar un intento de golpe de estado.
Las fuentes brasileñas hablaron bajo condición de anonimato debido a que no están autorizadas para declarar públicamente sobre el asunto.
Inicialmente, el ministro de Salud tenía previsto viajar a Washington para asistir a otras reuniones, dijeron las dos fuentes. Brasil argumentó que la medida del gobierno estadounidense viola el artículo 105 de la carta de la ONU y la convención sobre privilegios e inmunidades que garantiza la ausencia de restricciones para la inmigración y el movimiento de funcionarios gubernamentales.
1 / 11 | Impactantes fotos de partidarios de Jair Bolsonaro tomando las sedes del gobierno de Brasil. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. - Agencia EFE
El gobierno de Lula también expresó en su carta al secretario general António Guterres que la resolución 43/48 de la ONU establece que el país anfitrión tiene la obligación legal de garantizar que cada delegación tenga acceso ilimitado, independientemente de sus afiliaciones políticas.
Ni la ONU ni el gobierno de Estados Unidos respondieron a una solicitud de comentarios de la AP.
El domingo, Lula dijo, en un artículo de opinión del New York Times, que su gobierno está abierto a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos, pero agregó que “la democracia y la soberanía de Brasil no están en la mesa.”
El gobernante brasileño dijo sentirse orgulloso del Supremo Tribunal por su “decisión histórica” que salvaguarda las instituciones de Brasil y el estado de derecho democrático. El juicio de Bolsonaro, añadió, no es una “caza de brujas”, como lo describió Donald Trump cuando anunció los aranceles a los productos brasileños.
El gobierno de Estados Unidos también sancionó al juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio de Bolsonaro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos citó la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por Derechos Humanos, que apunta a los perpetradores de abusos a los derechos humanos y funcionarios corruptos, como su autoridad para emitir las sanciones.
La decisión ordena la congelación de cualquier activo o propiedad que de Moraes pueda tener en Estados Unidos.
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