El presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo que aún es pronto para estimar si el lanzamiento este jueves de dos misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte suponen una violación de las sanciones de la ONU.

En una entrevista televisada horas después de conocerse el lanzamiento, Moon subrayó que "se necesita más análisis en este terreno" y quiso apuntar a que las resoluciones del Consejo de Seguridad están principalmente "dirigidas a los misiles de medio y largo alcance".

El ejército surcoreano informó que Pyongyang disparó lo que parecen ser dos misiles de corto alcance desde las cercanías de Sino-ri (unas 46 millas al noroeste de Pyongyang) y que los proyectiles volaron 260 y 167 millas antes de caer en el Mar de Japón (llamado Mar del Este en las dos Coreas).

En todo caso, las resoluciones de la ONU estipulan que Corea del Norte no debe testar cualquier tipo de misiles balísticos -sin hacer referencia concreta a su alcance- o tecnologías relacionadas (como cohetes espaciales, por ejemplo).

Moon dijo además que cree que los últimos ensayos de armas norcoreanos (Pyongyang realizó otro el pasado sábado) se deben a que el régimen está "descontento con el resultado de la cumbre de Hanoi".

En Hanói, Corea del Norte abogó por un proceso gradual de desnuclearización acompañado del levantamiento paulatino de sanciones, algo que EE.UU., que apuesta por un desarme integral e inmediato, consideró inaceptable.

Desde entonces el régimen ha elevado el tono con la Casa Blanca y Seúl y realizado pruebas de armas.

"Ellos creen que esta (última) acción añade presión para modificar nuestras posturas", dijo Moon, que no ha endurecido aún el tono pese a los últimos gestos de Pyongyang, con respecto al lanzamiento de hoy.

El presidente subrayó también la importancia de mantener abierta la vía del diálogo.

"Lo importante es que Corea del Norte y EE.UU. se sienten a dialogar y que pongan en común lo que quiere cada parte", explicó.

El presidente también indicó que Seúl sigue adelante con su plan de enviar ayuda alimentaria al Norte, donde unos 10 millones de personas (un 40% de la población) encaran una inminente escasez de comida tras la peor cosecha en una década.