Un grupo de expertos designados por el máximo órgano de derechos humanos de la ONU afirmó haber encontrado “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab.

Asimismo, los expertos acusaron al gobierno teocrático de Irán de cometer crímenes contra la humanidad contra su propia población, según un informe publicado este jueves.

Aunque el informe no es vinculante, se suma a las pruebas internacionales recopiladas sobre los crímenes cometidos durante la guerra en Irán y podría utilizarse eventualmente en esfuerzos para lograr que se haga justicia ante tribunales internacionales.

La misión de investigación sobre Irán, presidida por la jurista bangladesí Sara Hossain, está formada por expertos independientes y fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de derechos humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

Se esperaba que los expertos presentaran sus conclusiones el lunes ante el Consejo, integrado por 47 países miembros de la ONU.

La Casa Blanca emitió un comunicado en respuesta. La portavoz Anna Kelly afirmó que esa organización de derechos humanos “no ha logrado nada en materia de derechos humanos, mientras que lleva décadas diciendo tonterías sin fundamento”.

“La única parte en este conflicto que ha cometido crímenes de guerra es el régimen iraní, que ha asesinado a miles de sus propios ciudadanos, ha matado a estadounidenses en el extranjero, ha perpetrado actos de terrorismo en el estrecho de Ormuz y ha lanzado ataques indiscriminados contra sus vecinos de la región”, afirmó Kelly el jueves.

La misión internacional de investigación afirmó que sus conclusiones sobre los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos se centran en dos ataques aéreos estadounidenses que causaron la muerte de al menos 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.

Al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, al menos un misil estadounidense impactó en la escuela Shajareh Tayyebeh de Minab, según una investigación de Associated Press. Aún no se ha establecido un balance definitivo de lo ocurrido.

Los medios estatales iraníes han informado que 168 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellas niños.

“La misión encontró motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que provocaron la muerte o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil”, afirmó la ONU en un comunicado sobre las conclusiones del equipo en relación con los ataques del 28 de febrero perpetrados por Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado ofreció una valoración similar a la de la Casa Blanca en respuesta al informe y señaló que la Administración de Trump se había retirado del Consejo de Derechos Humanos por “promover constantemente una retórica antiamericana y el antisemitismo”, al tiempo que “apaciguaba a gobiernos represivos”.

“Por lo tanto, no damos crédito a las conclusiones de este informe”, afirmó el departamento.

En su informe, los expertos concluyeron que “el edificio de la escuela era el objetivo previsto del impacto” y que los daños causados no fueron consecuencia de un impacto erróneo ni de daños colaterales derivados de un ataque contra un complejo de la Guardia Revolucionaria de Irán situado junto a la escuela.

La Administración de Trump aún no ha asumido directamente la responsabilidad ni ha hecho públicos los resultados de la investigación del Pentágono sobre el ataque contra la escuela.

El equipo respaldado por la ONU basó sus acusaciones en dos ataques. En uno se utilizaron misiles Tomahawk que impactaron en una escuela “claramente identificable”. En el otro, misiles de precisión esparcieron bolitas de tungsteno sobre un “complejo deportivo y una zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd, también el 28 de febrero.

El equipo respaldado por la ONU afirmó que 22 civiles, entre hombres y mujeres, murieron en el ataque. El Mando Central de Estados Unidos ha negado cualquier responsabilidad en el ataque contra Lamerd.

El equipo constató que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado en Irán se produjeron a una “escala abrumadora” y que los civiles enfrentaron “graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos por su propio Gobierno”.

Las fuerzas de seguridad iraníes llevaron a cabo una “represión violenta” durante los últimos dos años, disparando con fusiles de asalto contra la multitud, golpeando a manifestantes y deteniendo a personal sanitario, entre otras acciones, según afirmó el equipo.

Los detenidos sufrieron torturas y fueron privados de asistencia legal, lo que dejó a sus familias “en la ignorancia” sobre su paradero, señalaron los expertos.

El gobierno de Teherán intensificó el uso de la pena de muerte y señaló que más de 70 personas, entre ellas cinco mujeres y tres niños, siguen corriendo un “riesgo inminente de ser ejecutadas”, añadieron.

“El informe concluyó que muchas de estas graves violaciones constituyen crímenes contra la humanidad, entre ellos, el asesinato, el encarcelamiento, la tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, señaló el comunicado.

Los expertos afirmaron que Estados Unidos e Irán deberían poner fin a todas las violaciones de derechos y a todos los delitos, y ofrecer “reparaciones plenas a las víctimas”.

El informe, elaborado siguiendo un “enfoque centrado en las víctimas”, se basó en entrevistas realizadas a 73 personas, tanto dentro como fuera de Irán, así como en documentación, imágenes de satélite, material fotográfico y de video e información procedente de organizaciones y expertos “fiables”, según indicaron los expertos.

El conflicto actual, que ha obligado a la población a abandonar sus hogares en Irán, junto con el corte de internet y la falta de una cooperación plena por parte de ambos gobiernos, dificultaron en parte los esfuerzos del equipo para recabar información.

Según afirmaron, casi tres docenas de solicitudes de información dirigidas por los expertos al gobierno de Irán quedaron sin respuesta, al igual que las solicitudes presentadas en junio al gobierno de Estados Unidos para obtener información y mantener reuniones con funcionarios.