Madrid - Los manifestantes por la vivienda que acampan en la plaza más emblemática de Madrid despertaron tras su tercera noche al aire libre para esperar detalles del gobierno español sobre lo que está haciendo para abordar una crisis que ha llevado a decenas de miles de personas a las calles en los últimos días.

Las protestas y la acampada en Puerta del Sol siguieron al desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, quien fue sacada en camilla del apartamento donde había vivido durante siete décadas.

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los manifestantes exigen mayores protecciones para los inquilinos, medidas para combatir el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no haya una vivienda alternativa disponible.

Desde que se instaló el campamento el sábado, ha aumentado el número de tiendas de campaña en la plaza céntrica. Han surgido acampadas de protesta más pequeñas en otras ciudades, desde Sevilla y Málaga, en el sur, hasta Santiago de Compostela, en el norte, y Palma de Mallorca, en las turísticas Islas Baleares, lo que ha atraído la atención internacional hacia un problema de larga data.

Consultado sobre la situación el lunes, el papa León XIV afirmó que esta subrayaba la necesidad de que los líderes políticos encuentren soluciones a la crisis de vivienda que afecta a muchas comunidades.

“Tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso. Porque está aumentando evidentemente, y muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia”, señaló tras admitir que no estaba familiarizado con el caso. “Pero tenemos que ver de verdad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar”.

Se esperaba que el gobierno de coalición de izquierda de España, encabezado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, presentara el martes un decreto sobre la cuestión en una conferencia de prensa.

España cuenta con una ley de vivienda desde 2023 que regula los alquileres y protege a los inquilinos, además de establecer topes al alquiler en zonas de alta demanda a solicitud de los gobiernos locales.

Abascal, que ha estado hospitalizada desde que fue sacada de su apartamento el miércoles, podrá regresar a casa tras un acuerdo preliminar alcanzado el lunes por la noche con la empresa propietaria del edificio en el acomodado barrio de Retiro. La propuesta limita su alquiler al 30% de sus ingresos, lo que significa que no pagará más de los 500 euros (570 dólares) al mes que abonaba anteriormente, declaró a los periodistas el martes su abogada, Beatriz Duro.

Medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló por primera vez la propiedad en 1956 y ella continuó como inquilina después de que murieran sus padres, durante un periodo en el que existía un tope al alquiler. El edificio cambió de propietario en 2018, y a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo permitírselo, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que organizó la protesta del sábado.

Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró el apartamento, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2,650 euros. Después redujo el alquiler a 1,650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.