Sudán del Sur, país envuelto en una persistente inestabilidad y conflictos civiles, se enfrenta a la trata de personas, con niños y jóvenes cada vez más expuestos a redes organizadas que se aprovechan de la precariedad económica y la debilidad institucional para expandir este crimen transnacional con fines de explotación y destino a Europa.

Entre marzo y abril, las autoridades informaron de varias operaciones de rescate de menores víctimas de trata en distintos estados, y mostraron su preocupación por la progresiva transformación de este delito en una actividad más estructurada con tentáculos fuera del país.

En Bahr el Gazal del Norte, en el norte del país, las fuerzas de seguridad detuvieron recientemente a nueve personas, cinco niñas y cuatro jóvenes, cuando intentaban cruzar hacia Libia a través de Sudán, en una ruta migratoria irregular que, según las autoridades, tenía como destino final Europa.

El grupo fue interceptado en la zona de Kiir Adem, cerca de la frontera sudanesa, tras haber partido del campamento de refugiados de Kakuma, en Kenia.

Las detenidas, originarias de los estados de Jonglei, Warrap y Bahr el Gazal del Norte, aseguraron haber emprendido el viaje impulsadas por la pobreza y la falta de oportunidades.

“Perdí a mi padre y la vida se volvió extremadamente difícil. Ya no puedo continuar mis estudios”, declaró a EFE una de las jóvenes, quien admitió haber asumido los riesgos ante la desesperación por ayudar a su familia.

El grupo permanece bajo custodia en Awiel, mientras avanzan las investigaciones ante la posibilidad de que fueran víctimas de alguna red de trata que, con falsas promesas laborales, acaba sometiendo a las víctimas a todo tipo de explotación.

En un caso separado, las autoridades de Equatoria Oriental, en el sureste del país, devolvieron a 14 niños interceptados en la frontera con Uganda cuando intentaban cruzar sin documentación.

Los menores, que querían llegar a Europa a través de “zonas controladas por las Naciones Unidas”, habrían sido captados por redes organizadas que los inducen a emprender viajes peligrosos mediante engaños.

El director de la policía de ese estado, Marcillo James, señaló a EFE que estas redes explotan la falta de información y las dificultades económicas de las familias.

Agregó que las autoridades trabajan para reunir a los menores con sus familiares y llevar ante la justicia a los responsables, al tiempo que instan a la población a denunciar actividades sospechosas.

El subinspector general de policía, James Boi Yak, reconoció a EFE las limitaciones del marco legal vigente para combatir eficazmente la trata y el tráfico ilícito de migrantes, y anunció esfuerzos para impulsar reformas legislativas y mejorar la capacitación judicial.

La relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Siobhán Mullally, alertó a inicios de este mes de abril en un informe de la “actual escalada del tráfico de personas relacionado con el conflicto en Sudán del Sur”.

“La persistencia del conflicto ha creado una grave crisis humanitaria, con ataques generalizados contra civiles por parte de actores armados que tienen un impacto desproporcionado en los niños y generan una alarmante crisis de trata de menores”, declaró Mullally.

En el informe detalló que el desplazamiento y las barreras al acceso humanitario están exacerbando aún más los riesgos de trata de personas y las deficiencias en la protección, “y la llegada de 1.4 millones de personas que huyen del conflicto en Sudán agrava las necesidades de protección, que ya se derivan del desplazamiento interno de 1.9 millones de personas”.

En este contexto, la relatora de la ONU denunció prácticas como la esclavitud sexual, el reclutamiento forzado de menores y los matrimonios infantiles, y alertó de que estas acciones se han extendido por una impunidad generalizada y un acceso a la justicia prácticamente inexistente.

“Las violaciones asociadas a la trata pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad”, alertó.

Organizaciones de derechos humanos alertan de la falta de mecanismos de monitoreo y denuncia, lo que impide contar con cifras fiables y que hace temer que los casos reales superen ampliamente las estimaciones.

Datos locales apuntan a más de 5,500 casos sospechosos desde 2021, con un aumento notable en la explotación de menores, especialmente niñas. Activistas como Debek Mabior condenan el fenómeno, calificándolo de “violación flagrante de la ley y los valores sociales”, y exigen investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas.

Observadores internacionales coinciden en que la persistencia de la trata en Sudán del Sur refleja la interacción entre pobreza, conflicto y debilidad institucional, y subrayan la urgencia de una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional para frenar una crisis en expansión.

Esta situación pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones, en un contexto de reiterados llamamientos para reforzar los marcos legales y la cooperación con socios internacionales.