Los legisladores rusos aprobaron el martes nuevas subidas de impuestos, mientras Moscú busca nuevas fuentes de ingresos para impulsar su economía durante su guerra de casi cuatro años con Ucrania.

Los legisladores de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma Estatal, aprobaron la segunda lectura clave de un proyecto de ley que elevará el impuesto sobre el valor añadido del 20% al 22%. Se espera que los cambios añadan hasta 1 billón de rublos (unos $12,300 millones) al presupuesto del Estado.

La nueva legislación también reduce el umbral para las empresas obligadas a recaudar el IVA de 60 millones de rublos (unos $739,000) de ingresos anuales por ventas a 10 millones de rublos (unos $123,000). Los cambios, que se introducirán por etapas hasta 2028, tienen por objeto impedir que las empresas dividan sus operaciones para eludir impuestos. Pero también se espera que afecten a muchas pequeñas empresas que antes estaban exentas.

Esta medida forma parte de una serie de nuevos impuestos con los que el Kremlin espera ayudar a la ralentización de la economía rusa. Una nueva iniciativa suprimirá el tipo especial y reducido de la “tasa de reciclaje” estatal para automóviles, destinada principalmente a los vehículos importados de alto precio.

Otras propuestas han incluido el aumento de los impuestos sobre los licores, el vino, la cerveza, los cigarrillos y los vapores, así como la adición de impuestos sobre artículos tecnológicos como teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles.

Tras dos años de fuerte crecimiento impulsado por el gasto militar, la economía rusa se contrajo a principios de 2025 y, según las estimaciones del Gobierno, este año sólo crecerá en torno al 1%. El crecimiento se ha visto afectado por los elevados tipos de interés del banco central, actualmente en el 16,5%, destinados a controlar una inflación del 8% alimentada por las compras estatales de defensa.

En el proyecto de presupuesto del gobierno ruso para 2026, que también fue aprobado por los legisladores el martes, el gasto militar de Rusia se fijó en 12,930 millones de rublos ($159,000 millones), es decir, 16,840 millones de rublos ($207,000 millones), incluido el gasto en seguridad y aplicación de la ley.

Ahora los proyectos deben ser aprobados de nuevo por la Cámara Baja, antes de pasar a la Cámara Alta y ser firmados por el Presidente Vladimir Putin para convertirse en ley.