San Salvador - El Congreso de El Salvador aprobó el martes una enmienda constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele para permitir la cadena perpetua en un país que ha encarcelado a más del 1% de su población en su guerra contra las pandillas.

La reforma fue presentada por el gabinete de seguridad de Bukele a primera hora del día ante la asamblea legislativa de El Salvador, que está firmemente controlada por el partido del líder populista.

La medida fue aprobada por 59 de los 60 legisladores, y está previsto que sea ratificada la próxima semana.

Se produce en un momento en que Bukele ha impulsado una serie de reformas constitucionales que han sido duramente criticadas por socavar el equilibrio de poderes y la delicada democracia del país.

“Veremos quién apoya esta reforma y quién se atreve a defender la idea de que la Constitución debe seguir prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió Bukele en un post en X el martes.

En agosto, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites del mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele se mantuviera en el poder indefinidamente. Los juristas consideran que el segundo mandato de Bukele, que comenzó en 2024, viola la Constitución, que prohíbe la reelección consecutiva.

La última reforma se suma a otras medidas adoptadas por Bukele para combatir a las bandas de El Salvador, incluido el estado de excepción que comenzó en marzo de 2022 tras una oleada de violencia entre bandas.

La medida, que se supone que es temporal pero se ha prolongado durante casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha llevado a la detención de unas 91,300 personas.

Los grupos de derechos humanos llevan años documentando casos de detenciones arbitrarias, y uno de ellos llegó a alegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la inmensa mayoría de las personas encarceladas bajo el estado de excepción habían sido detenidas arbitrariamente. Bukele criticó duramente la acusación, pero ha afirmado que 8,000 personas inocentes han sido puestas en libertad.

Envalentonado por la alianza de Bukele con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno también ha ido a por sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la cárcel.

Las personas detenidas en virtud del estado de excepción permanecen recluidas en prisiones sin apenas pruebas, bajo acusaciones vagas de las autoridades y con muy poco acceso a las garantías procesales. Los presos suelen ser juzgados en juicios masivos y los abogados pierden regularmente la pista de dónde se encuentran sus clientes.

Funcionarios del gobierno de Bukele han prometido anteriormente que los miembros de las bandas detenidos “nunca volverán” a las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.