El gobierno español anunció el martes que otorgará estatus legal a cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización, el último ejemplo de cómo el país se ha resistido a una tendencia hacia políticas de inmigración cada vez más duras vistas en Estados Unidos y gran parte de Europa.

La ministra española de Migración, Elma Saiz, anunció la medida extraordinaria tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. Dijo que su gobierno modificará las leyes de inmigración vigentes mediante un decreto acelerado para conceder a los inmigrantes que viven en España sin autorización residencia legal de hasta un año, así como permiso para trabajar.

Los permisos se aplicarán a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar que han vivido en España al menos cinco meses. También deberán demostrar que carecen de antecedentes penales.

“Hoy es un día histórico”, declaró Saiz a los periodistas durante una rueda de prensa. La medida podría beneficiar a entre 500,000 y 800,000 personas que, según las estimaciones de distintas organizaciones, viven a la sombra de la sociedad española. Muchos son inmigrantes latinoamericanos o africanos que trabajan en los sectores agrícola, turístico o de servicios, columnas vertebrales de la creciente economía española.

El decreto acelerado elude un proyecto de ley similar que se ha estancado en el Parlamento. Saiz dijo que espera que los inmigrantes puedan empezar a solicitar su situación legal a partir de abril, una vez que el decreto entre en vigor.

La decisión del Gobierno español fue una sorpresa para muchos tras un acuerdo de última hora entre el gobernante Partido Socialista y el partido de izquierdas Podemos a cambio de apoyo parlamentario al tambaleante Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

La noticia fue acogida con satisfacción por cientos de grupos de defensa de los derechos de los migrantes y destacadas asociaciones católicas que habían hecho campaña y obtenido 700,000 firmas para una iniciativa similar que fue admitida a debate en el Congreso en 2024, pero que era poco probable que obtuviera los votos suficientes para ser aprobada.

Mientras otras naciones, muchas envalentonadas por la administración Trump, se mueven para restringir la inmigración y el asilo en todo el mundo, España ha tomado la dirección opuesta, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros ensalzando a menudo los beneficios de la inmigración para la economía.