Bogotá— La cooperación en inteligencia que por décadas se robusteció entre Colombia y Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico está en una zona gris, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la suspensión del intercambio de información y luego matizara al decir que la mantiene con condiciones.

Ambos pronunciamientos de Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia, se han dado a modo de reproche por los ataques letales en el Caribe y el Pacífico a las embarcaciones señaladas por Estados Unidos de llevar drogas. El gobierno de Donald Trump ha reportado al menos 75 personas muertas en los operativos, calificados por Petro como “ejecuciones extrajudiciales”.

El martes, Petro ordenó desde la red social X a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública “suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, mientras ese país continuara atacando lanchas.

Un día después, matizó su postura e indicó que continuaría compartiendo información de inteligencia a las agencias, incluida la estadounidense, siempre que se “garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida”.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, señaló el jueves en la misma red social que la primera orden de suspender la cooperación fue malinterpretada por la prensa, por lo que nunca se ha suspendido el trabajo que mantienen las agencias de inteligencia colombianas con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Para Carlos Arias Orjuela, consultor en comunicación política, el cambio de opiniones al interior del gobierno en un asunto sensible como la cooperación en inteligencia confluye en una" pérdida de institucionalidad" y genera una mayor lesión a la ya tensa relación bilateral con Estados Unidos, importante socio estratégico en el área militar y el principal a nivel comercial. Agregó que es “desmoralizante para las fuerzas armadas”, al generar incertidumbre sobre qué ocurrirá en el campo de la inteligencia militar.

La cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos ha permitido operativos tan relevantes como los que ocurrieron en las décadas de 1980 y 1990 contra los cárteles de la droga.

Colombia aún lidia con grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico y otros ingresos ilegales, pese a firmar en 2016 un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno actual impulsa nuevas mesas de negociación de paz con los grupos armados ilegales que permanecen activos, que no han resultado en su desarme.

“Una decisión de ese tipo sería un punto de inflexión en la política de seguridad de Colombia, en la lucha contra el narcotráfico. Y muy seguramente esto tendría implicaciones profundas en la operatividad diaria de la fuerza pública”, dijo a The Associated Press el general retirado Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares.

A su juicio, Colombia podría perder beneficios de asistencia, tecnología y formación para sus fuerzas militares, cuyo eventual reemplazo requiere una alta inversión. También podría afectar su efectividad en los operativos de interdicción, que suele hacer en conjunto con Estados Unidos.

León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, planteó que en un operativo conjunto Colombia puede detectar o saber por tareas de inteligencia que una lancha rápida con droga salió de sus costas. Sin embargo, suele avisar a Estados Unidos para que envíe plataformas aéreas y haga seguimiento de la embarcación en aguas internacionales. “Colombia no tiene esas capacidades ni las va a adquirir, son muy onerosas”, explicó.

“Al final perdemos nosotros y los Estados Unidos. Los grandes beneficiados son las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que van a aprovechar esos vacíos y esos espacios que van a quedar allí sin vigilancia”, explicó León.

Sin embargo, considera que es viable que Colombia limite a Estados Unidos el uso que le puede dar a la inteligencia, como dijo Petro, al negarlo para ataques que resulten letales. Pero considera que dependería de acuerdos a los que lleguen ambos países, justo cuando han surgido tensiones diplomáticas.

Colombia continúa siendo el principal país productor de cocaína en el mundo y para 2023 tenía niveles récord de cultivos de hoja de coca en su territorio con 253.000 hectáreas, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

“Para Estados Unidos, Colombia ha sido fundamental en la cooperación de inteligencia. Tenemos una estadística por parte del Senado de Estados Unidos que indica que entre enero de 2024 y junio de 2025, el 85% de la inteligencia que usó la Joint Interagency Task Force–South (encargada de detectar y monitorear tráfico de narcóticos) para incautar, vino de Colombia”, dijo a la AP Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group.

Por tanto, según Dickinson, se trataría de un corte muy significativo para Estados Unidos en su capacidad de monitorear no sólo en Colombia sino en aguas internacionales, justo cuando hay interés en la lucha contra el narcotráfico.

“La fuerza de inteligencia más sofisticada y capaz que tiene la región andina la tiene Colombia, el aliado clave para Estados Unidos, que no se puede reemplazar, por ejemplo, con Ecuador, que no ha desarrollado al mismo nivel de profesionalización y (país con el que) no hay la misma confianza”, indicó Dickinson.