Washington - El Tribunal Supremo revivió el viernes demandas de larga data contra las autoridades palestinas de estadounidenses que murieron o resultaron heridos en ataques terroristas en el Oriente Medio.

Los jueces confirmaron una ley de 2019 promulgada por el Congreso específicamente para permitir que las demandas de las víctimas sigan adelante contra la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina.

Los ataques ocurrieron a principios de la década de 2000, matando a 33 personas e hiriendo a cientos más, y en 2018, cuando un colono nacido en Estados Unidos fue asesinado a puñaladas por un asaltante palestino afuera de un centro comercial en Cisjordania.

Las víctimas y sus familias afirman que agentes palestinos estuvieron involucrados en los ataques o los incitaron.

Los palestinos han argumentado sistemáticamente que los casos no deberían permitirse en los tribunales estadounidenses.

El tribunal federal de apelaciones de Nueva York ha fallado repetidamente a favor de la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, a pesar de los esfuerzos del Congreso por permitir que se escuchen las demandas de las víctimas.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos falló por primera vez en 2016 contra las víctimas de los ataques de hace 20 años, desechando un veredicto del jurado de $654 millones a su favor. En ese fallo anterior, el tribunal de apelaciones sostuvo que los tribunales estadounidenses no pueden considerar demandas contra grupos con sede en el extranjero por ataques aleatorios que no estaban dirigidos a Estados Unidos.

Las víctimas habían demandado en virtud de la Ley Antiterrorista, promulgada en 1992. La ley fue aprobada para abrir los tribunales estadounidenses a las víctimas del terrorismo internacional, impulsada por el asesinato del estadounidense Leon Klinghoffer durante un ataque terrorista en 1985 a bordo del crucero Achille Lauro.

El jurado declaró a la OLP y a la Autoridad Palestina responsables de seis ataques y concedió $218 millones en daños y perjuicios. La indemnización se triplicó automáticamente en virtud de la ley.

Después de que el Tribunal Supremo rechazara la apelación de las víctimas en 2018, el Congreso volvió a enmendar la ley para dejar claro que no quería cerrar la puerta del juzgado a las víctimas.