A un año y poco más de dos meses del colapso del techo de Jet Set, que provocó 236 muertes y más de 180 heridos, el juez Raymundo Mejía Ortiz determinó que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, irán a juicio por homicidio involuntario.

No obstante, no acogió una petición de cambio de tipificación del caso para incluir la figura de dolo eventual, una modalidad legal en República Dominicana que se aplica cuando una persona actúa pese a conocer que sus acciones podrían causar un resultado fatal.

“Yo no puedo en este caso acoger lo pedido por los abogados, porque no hay sustento en hecho y en derecho”, decidió el togado, quien enfatizó además tanto a los abogados como a los familiares de las víctimas que la justicia no es para venganza.

“Yo en mi condición de juez estoy atado a la Constitución y a la ley. No a lo que yo quiera. Yo tengo que fallar en base a lo que establece. La justicia no se maneja así. La justicia no es para venganza. No. La justicia actúa en forma razonabilidad de y proporcionalidad”, señaló Mejía Ortiz.

Según el Listín Diario, el juez indicó que no se podía afirmar que los acusados quisieran causar la muerte de las víctimas, pues Maribel Espaillat, también acusada en el caso, fue una de los afectados, ya que el 8 de abril de 2025 quedó atrapada entre los escombros.

Por su parte, la Procuraduría General de la República Dominicana aseguró que buscará la pena máxima para los hermanos que “incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, al actuar con la negligencia sistemática” que llevó a la tragedia.

En un comunicado de prensa, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo, entre otras cosas, que la decisión de enviar a juicio a los hermanos Espaillat se ajusta al marco legal vigente.

“El tribunal ha acogido esos hechos, los ha enviado a juicio, ahora pretendemos ir a juicio a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de caso”, dijo.

Indicó que la decisión dictada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se fundamenta en presuntas violaciones a los Artículos 319 y 320 del Código Penal, que tipifican el homicidio involuntario y las lesiones involuntarias o golpes y heridas.

“La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público, y, no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación del Ministerio Público”, detalló Camacho, tras la audiencia.

“El juez impuso como medida de coerción real: la inmovilización por 500 millones de pesos; de forma tal de que puedan las víctimas, tener la seguridad, en la medida que se conozca este caso en juicio, de que sus derechos puedan ser resarcidos”, agregó.

Camacho representó al Ministerio Público de República Dominicana junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel, Miguel Collado y Magali Sánchez.

Según el fiscal, en el caso del desplome del techo del Jet Set, que conmocionó y llenó de luto a todo el país, “no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano”.

“Nosotros, desde el momento uno, hemos hecho todo lo que nos ha permitido la ley desde recaudar las pruebas, ordenar la realización de un peritaje que tuvo participación de un perito internacional para poder recabar los hechos, tal como ocurrieron y presentarlos en el tribunal”, mencionó Camacho.

Al ser consultado sobre el peritaje presentado por la defensa, Camacho dijo que no le preocupa, porque el propio informe también señala que hubo negligencia e imprudencia, que es justamente lo que sostiene la acusación presentada por el Ministerio Público.

“Ambos peritajes dicen que la culpa de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos de los acusados y ahora vamos al juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron”, indicó Camacho.

Con su decisión, el juez dio por válidos los hechos presentados en la acusación, así como las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales aportadas por el Ministerio Público.

Además, mantuvo las medidas de coerción contra los acusados, que consisten en una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos ($851,989) para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Asimismo, Mejía Ortiz no solo admitió a las entidades Difusora Hemisferio, S.R.L., Inversiones CCEP-2, S.A., Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, en calidad de tercero civilmente demandado, sino que aceptó las pruebas que reposan en su respectivos escritos.

El juez ordenó a los hermanos Espaillat, así como a Evelyn Espaillat y Ana Grecia López el embargo preventivo y la inscripción de una hipoteca judicial sobre sus bienes muebles por un total de $500 millones de pesos dominicanos, el doble de la cantidad principal.

El 8 de abril de 2025, en la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, en el sector El Portal del Distrito Nacional, en Santo Domingo, capital de República Dominicana, ocurrió una de las tragedias más grandes en la historia reciente del país caribeño.

Durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el techo del establecimiento colapsó de manera repentina mientras cientos de personas estaban dentro del local. El derrumbe provocó una emergencia masiva que movilizó a equipos de rescate durante varios días.

Entre las víctimas hubo figuras del ámbito artístico, deportivo y político, incluyendo Pérez, lo que aumentó el impacto público del suceso. Las autoridades dominicanas iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso y posibles responsabilidades.

La discoteca era conocida por sus tradicionales eventos musicales de los lunes, lo que hacía que el lugar estuviera frecuentemente lleno al momento del incidente, donde murieron -en su mayoría- residentes del municipio Bajos de Haina, en República Dominicana.