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La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz, el proyecto de ley que establece el marco regulatorio y la política pública energética.

Los cambios a la medida, indicó a El Nuevo Día el senador Larry Seilhamer, de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), provocarán que la cámara alta no concurra con los cambios, forzando un comité de conferencia.

Seilhamer y su colega popular Eduardo Bhatia son coautores de la medida.

Entre los cambios introducidos al proyecto figuran un tope de 20 centavos kilovatio/hora, pero se dispuso que esa tarifa entrará vigor a cinco años de que se convierte en ley la medida. Inicialmente se había contemplado que entrara en vigor en septiembre del año que viene.

El proyecto se enmendó en Cámara para modificar las definiciones de “Energía renovable alterna” y “Energía renovable sostenible” que, según críticos del proyecto, abría las puertas a que se la quema de basura y la energía nuclear sean alternativas de privatizadores del sector de la generación. Con enmiendas en sala a última hora, esa puerta se cerró, según el representante popular, Jesús Santa.

“Se plasmará hoy en blanco y negro el precio máximo autorizado luego de que se transforme el sistema…. será de 20 centavos. No hay Negociado (de Energía) ni ningún burócrata que cambie esta legislación que hoy está en blanco y negro”, dijo el representante Víctor Parés Otero, quien evaluó el proyecto en la Cámara.

Con una enmienda, Parés Otero también devuelve a los presidentes legislativos la potestad de someter candidatos a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Seilhamer ha dicho que rechaza ese cambio, al igual que la tarifa máxima de 20 centavos.

 “Este proyecto es un proyecto técnico, abarca mucha información técnica que va a llevar, va a encaminar, va a finalmente llevar al camino correcto, va a establecer las guías correctas para que, en un tiempo no muy lejano, Puerto Rico tenga y cuente con un sistema eléctrica confiable, moderno y resiliente”, sostuvo Parés Otero al presentar la medida en el hemiciclo.

El legislador insistió que en el proyecto se consigna a partir del 2028 a prohibición a la generación de electricidad con carbón.

“Se prohíbe el uso de la basura… de la incineración de la basura”, dijo Parés Otero. “Eso está claro, transparente”.

El representante independentista Denis Márquez tronó contra la medida, consignado la postura histórica de su partido contra la privatización.

“Solamente en Puerto Rico dos personas pueden pensar que la quema de carbón es beneficiosa para el país: la AES (Applied Energy Systems) y la relacionista pública y alcahueta directora del Departamento de Recursos Naturales (Tania Vázquez)”, dijo Márquez.

Por la misma línea se expresó Santa, quien también denunció lo que describió como la “politización de la Junta de la AEE”.

“Ahora prácticamente son los políticos los que van a determinar quiénes son los miembros de la Junta”, dijo Santa al señalar una enmienda en la Cámara le quitó a organizaciones como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Universidad de Puerto Rico la capacidad de someter un candidato para la junta.

“Este proyecto acentúa el tono político”, dijo


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