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El Proyecto de la Cámara 1089 es de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló. (horizontal-x3)
El Proyecto de la Cámara 1089 es de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló. (Teresa Canino)

En aras de lograr su aprobación en ambos cuerpos, la Asamblea Legislativa le dio paso durante la noche del viernes al proyecto de ley que frenaría el pago de salarios y otros gastos operacionales durante una paralización en la Universidad de Puerto Rico (UPR) con una enmienda sustantiva que permitiría que los docentes reciban su paga si demuestran haber tenido la intención de reportarse a trabajar. 

La enmienda al Proyecto de la Cámara 1089, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, fue incluida en el comité de conferencia en el que legisladores de ambos cuerpos conciliaron sus diferencias en torno el lenguaje final de la pieza. La medida confrontaba problemas para su aprobación en el Senado.

En síntesis, el proyecto dispone que la Junta de Gobierno de la UPR desautorizará el desembolso de fondos públicos cuando la institución se encuentre detenida, por un período en exceso de 72 horas, o en más de una ocasión en un mismo semestre, debido a un paro, huelga u otro tipo de manifestación.

La prohibición de desembolsos abarcaría los pagos de salarios, beneficios marginales o cualquier otro gasto en la UPR. La versión original disponía una veda absoluta, pero en el trámite legislativo, el lenguaje se fue flexibilizando.

Cuando se ratificó en la Cámara hace unas semanas, se ajustó el texto para disponer que el pago de salarios se autorizaría si se podía acreditar o certificar, conforme a normas establecidas por la Junta de Gobierno, que los servicios administrativos y académicos habían continuado aun en las circunstancias de una paralización del sistema o alguno de sus 11 recintos.

En el comité de conferencia, se incluyó una enmienda para ampliar las garantías de los docentes.

En cuanto al pago del personal académico, la Junta de Gobierno establecerá, a su vez, mediante orden administrativa, los requisitos necesarios para acreditar que este personal ha tenido la intención clara y convincente de continuar con la prestación de los servicios académicos para autorizar el pago de los mismos”, reza el texto añadido.

Esa disposición, sin embargo, no aplicaría a los empleados no docentes.

Para Rodríguez Aguiló, la enmienda acogida no debilita la intención de su medida, aunque reconoció que hubiera preferido que se ratificara tal y como la aprobó originalmente la Cámara de Representantes.

En los procesos legislativos, todos tenemos que caminar”, dijo a este medio en reacción a los cambios promovidos en el cuerpo hermano.

En este caso, el Senado quiso asegurarse específicamente que los empleados, los profesores, que tengan una garantía adicional de que se tenga que crear ese reglamento para que se pueda conocer que están disponibles para cumplir con su trabajo, no como otros profesores, que sabíamos que iban (a la universidad) con camisas de ‘lucha sí, entrega no’, iban a la huelga, no con intención de trabajar”, puntualizó Rodríguez Aguiló. 


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