La Legislatura duplica el gasto (horizontal-x3)
Las consultorías contratadas están clasificadas en el área legal, de recursos humanos, contributiva, financiera, relacionadas con los sistemas de información y administrativas. (Archivo/GFR Media)

En los primeros 180 días del presente cuatrienio, la Legislatura otorgó contratos que superan los $10 millones, cifra que casi duplica la suma de contrataciones de la pasada Asamblea Legislativa  en el mismo periodo. 

Hasta el 30 de junio, la Cámara de Representantes y el Senado destinaron $10,323,137  para contrataciones, lo que contrasta con los $6,024,500 en fondos públicos que utilizaron ambos cuerpos para sufragar los pactos realizados para ese mismo lapso durante el pasado cuatrienio.  

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), desde el 1 de enero al 30 de junio de este año, la Cámara de Representantes que preside el novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez Núñez autorizó contratos por $6,036,995, mientras que el Senado, que preside su correligionario Thomas Rivera Schatz concretó acuerdos por $4,286,142.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de los presidentes legislativos, a través de llamadas, correos electrónicos y visitas a sus oficinas, pero no obtuvo respuesta.

En el examen realizado por este diario a los contratos registrados en la OCPR, se encontró que, de los 806 acuerdos que se oficializaron en el Alto Cuerpo y en la Cámara Baja, 522 fueron para servicios de consultoría.

Las consultorías contratadas están clasificadas en el área   legal, de  recursos humanos, contributiva, financiera, relacionadas con los sistemas de información y administrativas. 

Esta última fue la consultoría más común entre ambos cuerpos legislativos y para la que se hizo la mayor inversión. Para este renglón, los contratos de ambos cuerpos sumaron $6,308,948, en comparación con  $1,941,160 que desembolsó la pasada Legislatura.    

En esa categoría de servicios, los cinco contratistas con las mayores cuantías fueron V & C Legal Service e Hiram Carlo Rivera López. La primera compañía, de Víctor Calderón,  obtuvo nueve contratos que suman a $225,000, mientras que el segundo  devengó $159,998 entre los siete contratos que consiguió. 

Les sigue la firma Law Affairs, que obtuvo $159,250 en tres contratos. Esta corporación profesional pertenece  al abogado Oscar Santamaría, quien ha sido  representante legal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en distintos litigios.

En cuarto lugar aparece OC Strategic Advisors,  con siete contratos que totalizan $156,500. Esta empresa fue registrada en el Departamento de Estado el 3 de diciembre de 2016 y pertenece al también abogado y militante del PNP, Oriol Campos. Este contratista dirigió el comité de transición de la Cámara.  

La quinta posición entre los contratistas de consultorías administrativas pertenece a Phoenix Consulting, Corp., con cuatro acuerdos que suman $152,000.

Según el registro de la OCPR, la segunda categoría de contratos a la que la Legislatura destinó más fondos fue a la de compra, venta y alquiler de inmuebles, para la que la Cámara pactó acuerdos por $1,091,104 y el Senado,  $325,400.

De enero a junio de 2013, la Legislatura de mayoría popular otorgó contratos bajo esta categoría que sumaron $463,920.

Al renglón de compra, venta y alquiler de inmuebles, le siguen los servicios profesionales. Bajo esta última clasificación, el Senado firmó 62 acuerdos por $1,189,651, mientras que la Cámara otorgó dos contratos que suman $7,000. 

En este renglón, el gasto total durante los primeros 180 días del cuatrienio anterior supera al de este año, con $2,014,843, una diferencia de $818,192. 

El mayor acuerdo firmado en esta clasificación entre enero y junio de este año lo obtuvo la firma Aldarondo & López Bras, por brindar servicios legales. El contrato, vigente desde el 13 de enero, sufrió una enmienda el 30 de mayo que le añadió $15,000 al monto inicial de $300,000. 

Con un total de $1,055,129, los servicios de publicidad, de representación o artísticos ocupan el cuarto lugar entre las clasificaciones con las mayores cuantías de contratación.  Este monto sobrepasa por  $251,186 la suma de los otorgados bajo esa categoría por la pasada Legislatura.

Expolíticos y consultores

Como si se tratara de un ciclo que se repite cada cuatro años y en el que se turnan los espacios para favorecer a los miembros del  partido que está en el poder, sobresalen en el registro de contratos de la OCPR expolíticos del PNP. 

Entre estos, se destaca la empresa del exrepresentante y ex comisionado electoral del PNP, Edwin Mundo Ríos, quien logró múltiples acuerdos con su firma KEM Consulting Group, Inc. 

Esta corporación, que fue inscrita en el 2004,   ofrece servicios de consultoría administrativa a la Cámara y tuvo seis contratos este periodo con ese cuerpo legislativo por $214,000, entre estos, dos por servicios como oficial de prensa. 

KEM también mantuvo contratos durante ese periodo con la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, por $15,000; con la Oficina del Procurador del Ciudadano, por $17,000;  con la Autoridad de Edificios Públicos, por $3,000, y con el Municipio de Arecibo, por otros $24,000. 

Otro de los antiguos funcionarios electos que recibió un contrato con el Senado durante el primer semestre del presente gobierno fue el exalcalde de San Juan Jorge Santini Padilla, quien obtuvo una compensación de $48,000 por servicios de consultoría administrativa. 

Asimismo, aparecen en el registro electrónico del Contralor el exlegislador Roger Iglesias Suárez, con un contrato por $18,000; el exrepresentante Rolando Crespo Arroyo, con un acuerdo por $21,000, y el exsecretario de Estado y ex presidente senatorial, Kenneth McClintock, con un contrato por $60,000 que fue cancelado un mes antes de que venciera. 

El exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges devengó $33,000 de la Legislatura durante este periodo  con un contrato para asesoría administrativa en el Senado. 

Entre sus funciones, según el contrato, estaba redactar, investigar y revisar legislación, así como acompañar y representar a Rivera Schatz en reuniones oficiales. 

A este grupo de asesores administrativos se le suman  las exlegisladoras novoprogresistas Albita Rivera  y Elizabeth Casado Irizarry, con pactos con la Cámara por $27,000 y $36,000, respectivamente.

Esta contratación de asesores contrasta con la experiencia de las minorías legislativas, que deben aunar esfuerzos —y recursos— para crear su equipo asesor.

Se ajusta la minoría

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández,  y el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau, detallaron en entrevista con este diario los ajustes que realizaron con  los recursos que se les asignan.

Entre enero y junio de este año, Dalmau, quien cumple su primer término como legislador, trabajó en el primer semestre con 10 empleados y otorgó dos contratos, que suman $6,925, al abogado y profesor de Derecho Luis Enrique Romero Nieves.  Entre sus labores estaba redactar medidas legislativas y realizar investigaciones.

Dalmau indicó que debido a la reducción de un 5% en el presupuesto asignado a su oficina, no le permitió renovar el contrato de Romero Nieves y tuvo que reducir el salario de los 10 empleados.   

“Estoy muy satisfecho con el trabajo que se hizo y con lo que hizo mi equipo. A mal tiempo, mayor vocación y dedicación patriótica”, expresó el único senador del PIP. 

Por su parte, Hernández  explicó que la delegación popular acordó que el asesor que cualquiera de los miembros de su partido contrate, le brindará los mismos servicios a todos para minimizar los gastos. 

“La dinámica es ser eficiente con poco”, expresó Hernández.

Gasta la Superintendencia 

A los gastos que realizó  la Asamblea Legislativa durante este periodo se le une el desembolso por $1,990,397 que hizo la Superintendencia del Capitolio para la otorgación de 70 contratos. 

La Superintendencia, dirigida por Wilfredo Ramos, es una entidad de la rama legislativa con autonomía fiscal encargada de la conservación, mantenimiento, construcción, remodelación de la planta física y de los alrededores de la Casa de las Leyes. 

De las 15 categorías en las que la Superintendencia del Capitolio registró contratos, la partida que obtuvo la mayor cuantía fue la de servicios misceláneos no personales con $734,725. A esta le sigue la de servicios profesionales, con $391,315, y la categoría de compra de materiales, suministros y efectos, con otros $230,900.

Los últimos dos espacios en este escalafón pertenecen a las categorías de construcción y reparación de estructuras con $212,321 y los servicios de consultoría con $202,025.

 El pasado cuatrienio, para este mismo periodo, las primeras cinco categorías con las más grandes cuantías fueron las de servicios misceláneos no personales, con $767,099; compra, venta y alquiler de equipo, vehículos y otros, con $282,500; servicios personales no profesionales, con $232,000; servicios profesionales, con $229,500, y servicios de consultoría, con $123,255. 

Según el registro de contratos de la OCPR,  la lista de los principales contratistas  de la Superintendencia del Capitolio durante este primer semestre la encabeza la compañía  Génesis Security Services,  con dos acuerdos que suman $640,000. 

El primer contrato que obtuvo la empresa que está encargada de la vigilancia de El Capitolio fue por $140,000 y estuvo vigente desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio. 

El mismo día que venció el acuerdo,  la Superintendencia le otorgó un nuevo contrato por $500,000, que vencerá el 31 de diciembre de 2017. 

Las próximas dos empresas con los mayores acuerdos fueron Total, con dos contratos para la compra de combustible que suman $200,000.  El primero venció el pasado 30 de junio y el segundo estará vigente hasta el 30 de junio del próximo año. 

A esta multinacional le sigue la empresa J & D Construction, también con dos acuerdos para la construcción y reparación de estacionamientos y oficinas que suman $149,600.  

En cuarto lugar está SQR Architects & Engineer Consulting, con $134,557, por dos acuerdos de servicios de ingeniería. Esta firma pertenece a Nelson Rosario Santiago, a quien las autoridades vincularon pero no se le encontró causa para arresto por un supuesto esquema ilegal en la superintendencia del Capitolio bajo la dirección de Eliezer Velázquez quien fue imputado por este caso, pero las acusaciones en su contra fueron desestimadas por un tecnicismo. 

En el quinto lugar repite un contratista del Senado, el bufete Aldarondo & López Brás, con un acuerdo por $100,000. 


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