El gobernador hizo público parte de los documentos en las redes sociales. (GFR Media) (horizontal-x3)
El gobernador hizo público parte de los documentos en las redes sociales. (GFR Media)

Aunque inicialmente había estado renuente a publicarlo, el gobernador Ricardo Rosselló colocó esta mañana en su cuenta de Twitter parte del contenido del acuerdo que alcanzó con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que está sujeto a la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976). 

“Este es el acuerdo logrado y aceptado por la JSF. Este elimina la incertidumbre y protege por todo el término del Plan Fiscal el Bono de Navidad y las licencias de enfermedad y vacaciones para todos. Esto, si la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo cumplimos con nuestra parte”, indicó Rosselló colocando dos páginas del documento y su respectiva versión en inglés.

Ayer a preguntas de El Nuevo Día y luego que se le pidiera el documento por escrito y la oferta que le hizo su asesor a la JSF, el gobernador dejó a un lado la posibilidad de hacer público la carta con el contenido del pacto y su oferta. Hoy, publicó parte del contenido en las redes sociales.

El documento no tiene encabezado ni firmas. Además, revela información que, hasta el momento, no había sido provista por el gobierno. Por ejemplo, que el proyecto para derogar la Ley 80 debía presentarse primero ante la JSF y luego a la Legislatura, que no solo los empleados públicos no podrán reclamar en un tribunal por despido injustificado sino que no verán –en los próximos cinco años- aumentos en otros beneficios como las licencias de enfermedad y vacaciones, el salario mínimo y el bono de Navidad, y que el gobierno debe considerar cambiar el nombre al bono de Navidad. 

En el extracto del acuerdo divulgado por el gobernador, no se alude a las licencias de vacaciones y enfermedad, que la JSF exigía fuesen reducidas.  

En la segunda página queda establecido el aval que da la JSF al alza presupuestaria para varias agencias, incluyendo la Oficina del Gobernador a cambio de no eliminar el bono de Navidad. 

Rosselló y la directora de la JSF, Natalie Jaresko, protagonizaron un diferendo publico luego que ella revelara que Rosselló había negociado el alza en presupuesto para la Oficina del Gobernador a cambio de la derogación de la Ley 80.

Documento del acuerdo del gobierno con la Junta by El Nuevo Día on Scribd

La JSF, según la segunda página publicada, le permite al gobierno gastar hasta $345 millones para los años 2019-2023 “para la implementación de reformas y las iniciativas de desarrollo económico en las siguientes categorías/agencias: reforma digital (CIO/PRITS), compras (office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, APP y proyectos de infraestructura (PRIFA/ Fortaleza). El gobierno debe proveer cantidades específicas de los dólares a ser gastados en cada categoría/agencia para cada año fiscal del 2019-2023 no más tarde del 25 de mayo”, sostiene el acuerdo. 

Esa permisión de la JSF es lo que viabiliza que la Oficina del Gobernador en La Fortaleza, la Oficina de Gerencia y Presupuesto así como Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico tengan un alza presupuestaria a partir del 1 de julio. En el caso de la Oficina del Gobernador el aumento presupuestario es de 182%. El documento que debió entregar Rosselló el pasado 25 de mayo aún no se ha hecho público. 

“Las eficiencias en agencias dispuestas en el Capítulo 13 del nuevo plan fiscal serán modificadas de manera que los recortes aplicados a la Legislatura, la Oficina de Asuntos federales y la Oficina de la Comisionada Residente se dejen sin efecto durante los años fiscales 2019-2023 y los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad cada año durante los años fiscales 2019-2023. La eliminación del bono de Navidad para empleados públicos se dejará sin efecto durante los años fiscales 2019-2023. El gobierno evaluará cambiarle el nombre al bono de Navidad para eliminar la palabra bono y sustituirla por estipendio”, establece el acuerdo aunque ese último dato sobre cambio del nombre al bono de Navidad no se había hecho público. 

Además, el acuerdo indica que se modificará el renglón de reducción en los estipendios y subsidios establecido en el plan fiscal aprobado para dar paso al fondo municipal de $50 millones del 2019 al 2023. Mientras que para la Universidad de Puerto Rico, y por lo mismos años, recibirá $25 anuales para becas.

En comunicado de prensa, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, sostuvo que el acuerdo se discutió mediante teleconferencia con todos los miembros de la JSF y fue aceptado por el organismo federal. 

La primera página publicada está encabezada bajo el nombre de “reformas estructurales”. Indica que la Legislatura “aprobará y el gobernador firmará” un proyecto de ley que elimine la Ley 80. 

El proyecto a presentarse debía ser entregado previamente a la JSF para “que la Junta pueda confirmar que es consistente con el plan”. 

“El proyecto no puede aumentar los beneficios mandatarios para los empleados del sector privado (ejemplo, no aumentos en días de vacaciones, enfermedad, licencias con paga obligatorio, bono de Navidad o salario mínimo) ni de otro modo socavar los propósitos o intenciones de la reforma laboral según propuesta en el capítulo 7 del nuevo plan fiscal”, indica el acuerdo.

“El proyecto dispondrá, para evitar dudas, que un empleado quesea contratado por un término indefinido no tiene una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono termine la relación de empleo”, agrega el documento. 

En cuanto a la reforma contributiva, el acuerdo establece que será aceptada, pero debe ser fiscalmente neutral. Esto significa que no debe redundar en reducción de recaudos al fisco. 

También indica que los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) -en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años- deberán participar de un requisito de empleo. Serán 80 horas mensuales de empleo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada. 

“La única excepción al requisito de empleo serán aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60 años, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para un empleo”, indica el acuerdo. 

También se estipula que el gobierno deberá, para el 2023, tomar los pasos necesarios para subir de la posición 64 a por lo menos la 50 en el indicador “Trending Across Borders”. 


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