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Soniel Torres junto al representante Rodríguez Ruiz. (GFR Media)

"No puedo entrar en el detalle de quién fue la persona que me agredió porque mi vida, yo creo que va por encima de todo esto".

Así contestó Soniel Torres Suárez la pregunta directa de quién la agredió en el rostro el pasado 10 de noviembre en el barrio Paso Seco, de Santa Isabel. Su declaración forma parte del informe de 37 páginas radicado hoy por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes en que se recomienda la expulsión del cuerpo del representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz. 

En el informe, firmado por el presidente de la comisión, José Banchs Alemán, se indica que cuando se le preguntó si temía por su vida, contestó: "por la vida de mi familia, por todos, por mi seguridad mas bien. Yo no puedo decir de lo que una persona es capaz".

Torres Suárez testificó ante la comisión en el primero de dos días de vista evidenciaria. Allí sostuvo que fue obligada en el Hospital Menonita a identificar a su agresor y por eso identificó "a su jefe Ramón Rodríguez Ruiz".

Durante su comparecencia no identificó a su jefe como su agresor y entregó copia de una declaración jurada en que se retractaba de su versión original de los hechos.

Ante la Comisión también se presentaron seis policías a quienes Torres Suárez, según la investigación, identificó a Rodríguez Ruiz como su agresor. También lo identificó por escrito en por lo menos un documento de la Policía.

En la segunda vista evidenciaria se presentó el doctor José Javier Rodríguez Fontánez, quien atendió a Torres Suárez. Como parte de su testimonio, desmintió a su expaciente al señalar de que no fue presionada y la acusó de mentir ya que ante la comisión Torres Suárez dijo que le condicionaron el tratamiento médico en el hospital a que identificar a su agresor.

El informe hace un recuento de todo el tracto procesal desde que el 19 de diciembre el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, radicara la querella. Se detalla que se utilizaron en la investigación documentos de la oficina de capital humano de la Cámara, el récord médico de Torres Suárez, 10 documentos de la Policía, seis del Departamento de Estado, cuatro de la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos y documentos del Colegio San Antonio, de Guayama.

Detalla como Rodríguez Ruiz no contestó la querella de Méndez y cómo intentó en dos ocasiones mediante mociones que firmó detener el proceso de vistas. 

A la vista del 31 de enero se presentaron 12 testigos y a la del 7 de febrero otros ocho testigos.

"El representante Rodríguez Ruiz no compareció, no presentó prueba a su favor, no contestó la querella y no contrainterrogó testigos, ni compareció abogado a representarle conforme permite el Códido de Ética y su reglamento", lee el informe.

"Desatendió, desacató las órdenes y las citaciones de la Comisión", continúa el escrito donde se le acusa de violar su deber ministerial y la Ley del Legislador a Tiempo Completo".

"Su función principal es atender los asuntos legislativos", dice el informe.

En cuanto a la creación dentro de la oficina de Rodríguez Ruiz, supuestamente de manera fraudulenta de dos organizaciones sin fines de lucro par abtene fondos legislativos, una exempleada de Rodríguez Ruiz confirmó que el representante le dio instrucciones para crear las entidades y conformó también que se utilizaron materiales y computadoras de la oficina del legislador novato.

"Las direcciones fueron provistas por Rodríguez Ruiz", lee el informe donde también se identifica a Torres Suárez. 

En torno a la presencia de de Gabriel Rivera González, un supuesto empleado fantasma en la oficina de Rodríguez Ruiz, la Comisión de Ética comprobó que era empleado a tiempo completo en el Colegio San Antonio, de Guayama. 

"Se comprobó mediante el contrato que mientras certificaba que trabajaba con Ramón Rodríguez Ruiz, lo hacía en el colegio", reza el informe.

Rivera González no contestó preguntas de la comisión al ser citado.

"Si las horas que se le facturaron a la Cámara fueron en momentos en que dicha persona estaba ejerciendo labores para una entidad privada, y el legislador o la directora de su oficina tenían conocimiento de ello, ciertamente estamos ante actos que son, sin duda, constitutivos de delito", lee el informe.

En el documento se citan posibles violaciones como los artículos 254 y 262 del Código Penal y disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.


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