La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Ramón “Tonito” Zayas)

Washington - La ley que convocó al referéndum estadidad sí o no deja en manos de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la carrera contrarreloj para tratar de lograr que el Departamento de Justicia de Estados Unidos valide esa consulta.

La primera reacción de la Casa Blanca, sin embargo, reafirma lo complicado que le resultará al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) obtener una respuesta favorable del gobierno de Estados Unidos.

“La primera prioridad para todos los líderes de Puerto Rico debe ser poner en orden su casa financiera”, indicó un funcionario de la Casa Blanca al reaccionar el sábado de manera oficial a la firma de la ley que convoca al referéndum junto a las elecciones del 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump ha dado un no rotundo a la estadidad, lo que pone aun más en duda de si su Departamento de Justicia querrá vincularse con una consulta que propone convertir la Isla en un estado de Estados Unidos.

La ley indica que “la gobernadora será la principal representante oficial de Puerto Rico ante el secretario de Justicia de Estados Unidos y otras dependencias de la rama ejecutiva federal en lo concerniente a todo asunto relacionado con esta ley”.

Pero, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, será el coordinador de los procesos requeridos para intentar que el Departamento de Justicia de EE.UU. determine si la papeleta y la campaña educativa del ente electoral cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno estadounidense, como permite una ley federal de 2014.

Si Justicia federal aprueba la consulta, la CEE pudiera recibir $2.5 millones para ayudarle a financiar una consulta que se calcula costará $3.5 millones.

El nuevo estatuto le otorga al presidente de la CEE 30 días – hasta el 15 de junio -, para enviarle al Secretario de Justicia de Estados Unidos el borrador de la papeleta, copias del código electoral, la ley y el reglamento del plebiscito, el diseño general de la campaña de educación masiva - con un presupuesto de no más de $2 millones-, y el plan de gastos adicional de cerca de $1.5 millones, entre otras cosas.

La ley, sin embargo, plantea que el gobierno de Puerto Rico solo aguardará hasta el 30 de junio – el último día para la Junta de Supervisión Fiscal decidir el presupuesto del próximo año fiscal-, para conocer si al gobierno de Trump le interesa aprobar la papeleta y la campaña educativa del referéndum.

En 2017, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares propuso el más reciente plebiscito, a Justicia federal le tomó tres meses dar una respuesta, la cual obligó a incluir el Estado Libre Asociado territorial entre las alternativas de status.

De todos modos, el gobierno de Rosselló decidió celebrar la consulta del 11 de junio de 2017 sin esperar por una evaluación final del gobierno de Trump, lo que impidió obtener los $2.5 millones y limitó hasta entre sus aliados en el Congreso lograr apoyo para un proyecto pro estadidad.

La ley señala que si logra la certificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la papelera indicará que se trata de un “plebiscito promovido y auspiciado con fondos asignados por el gobierno de Estados Unidos de América…”.


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