Washington- El gobierno de Trump despidió a cuatro fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos involucrados en casos contra activistas antiaborto, acusando el martes al gobierno de Joe Biden de abusar de una ley diseñada para proteger a las clínicas de aborto de obstrucciones y amenazas.

Los despidos son la última oleada de ceses de empleados implicados en casos criticados por los conservadores o por ser percibidos como insuficientemente leales a la agenda del presidente Donald Trump. Los despidos se produjeron antes de la publicación de un informe en el que se acusaba a la administración Biden de parcialidad en los procesos judiciales en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas en las Clínicas o “Ley FACE”.

“Este Departamento no tolerará un sistema de justicia de dos niveles”, afirmó Todd Blanche, fiscal general en funciones, en un comunicado. “Ningún Departamento debe llevar a cabo una persecución selectiva basada en creencias. La militarización que se produjo bajo la Administración Biden no volverá a ocurrir, a medida que restauremos la integridad de nuestro sistema de enjuiciamiento”.

El informe es el primero publicado por el “Grupo de Trabajo de Armas” del Departamento de Justicia, creado por la ex fiscal general Pam Bondi para examinar los procesos federales contra Trump y otros casos criticados por los conservadores.

El fiscal general de Biden, Merrick Garland, y Jack Smith, el abogado especial que procesó a Trump, han dicho que en sus decisiones solo siguieron los hechos, las pruebas y la ley. Los críticos de la administración Trump dicen que Bondi -que fue despedida por Trump este mes- y Blanche son quienes politizaron la agencia, con las acciones de ruptura de normas que han despertado la preocupación de que la institución esté siendo utilizada como una herramienta para avanzar en la agenda personal y política de Trump.

El gobierno de Biden presentó demandas contra docenas de acusados en virtud de la Ley FACE, que prohíbe obstruir físicamente o utilizar la amenaza de la fuerza para intimidar o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva, y prohíbe dañar la propiedad de las clínicas abortistas y otros centros. La ley se promulgó en 1994, cuando aumentaban las protestas y los bloqueos de clínicas, así como la violencia contra los proveedores de servicios de aborto, como el Dr. David Gunn, que fue asesinado.

La administración Trump alega en el informe que los fiscales bajo Biden a menudo “ignoraron y restaron importancia” a los ataques contra centros de recursos para embarazadas o lugares de culto, que también están protegidos por la ley. También afirma que la administración Biden presionó para que se impusieran sentencias más duras contra los activistas antiaborto que en los casos contra los acusados por el derecho al aborto. Trump indultó el año pasado a los activistas antiabortistas condenados por bloquear las entradas de las clínicas abortistas, calificándolos de “pacíficos manifestantes provida”.

Kristen Clarke, que dirigió la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia bajo el mandato de Biden, defendió los procesamientos, afirmando que los fiscales “aplicaron la ley con imparcialidad y pusieron la seguridad pública en el centro de este trabajo”.

“La División de Derechos Civiles reunió a responsables de las fuerzas del orden, representantes de centros de crisis para mujeres embarazadas, líderes religiosos y personal de los servicios de salud reproductiva para abordar la violencia real, las amenazas de violencia y la obstrucción a la que se enfrentan demasiadas personas en nuestro país cuando se trata de servicios de salud reproductiva”, declaró Clarke en un comunicado enviado por correo electrónico el martes.

Los despidos forman parte de una purga de personal más amplia que ha sacudido a los abogados de carrera del Departamento de Justicia, generalmente aislados de los cambios de administración gracias a las protecciones de la función pública reconocidas desde hace tiempo.

Justice Connection, una red de antiguos empleados del departamento, dijo que “la crueldad y la hipocresía de la dirección de la agencia están a la vista en este informe”.