Santa Fe, Nuevo México- Los estados liderados por demócratas, alarmados por la posibilidad de que agentes federales de inmigración patrullen las urnas durante las elecciones de mitad de mandato de este año, están tomando medidas para contrarrestar lo que consideran una posible táctica para intimidar a los votantes.

Nuevo México se convirtió esta semana en el primer estado en prohibir la presencia de agentes armados en los centros de votación en respuesta a la represión migratoria del presidente Donald Trump, una medida que está siendo considerada en al menos media docena de otros estados liderados por demócratas.

Los movimientos ponen de relieve una profunda desconfianza hacia la administración Trump por parte de los estados azules, que han sido el blanco de sus agresivas tácticas de inmigración, amenazados con despliegues militares y sujetos a profundos recortes en la financiación federal. Sus preocupaciones aumentaron después de que el presidente sugiriera que quiere nacionalizar las elecciones estadounidenses, a pesar de que la Constitución dice que son los estados los que gestionan las elecciones.

La administración Trump dice que no tiene planes de desplegar agentes de inmigración en los colegios electorales. El mes pasado, los jefes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza dijeron a un comité del Congreso “No, señor” cuando se les preguntó si tenían algún plan para vigilar los centros de votación. La subsecretaria adjunta de integridad electoral del Departamento de Seguridad Nacional, Heather Honey, dijo recientemente a los secretarios de Estado que “simplemente no es cierto” que vaya a haber agentes de inmigración en las urnas este año.

Pero un grupo de ocho secretarios de Estado quiere que el candidato a suceder a Kristi Noem como secretario del Departamento de Seguridad Nacional se lo dé por escrito. En una carta enviada el lunes al nuevo elegido de Trump para dirigir la agencia, Markwayne Mullin, el grupo presionó para que se garantice “que el ICE no tendrá presencia en los centros de votación durante el ciclo electoral de 2026.”

La ley federal ya prohíbe el despliegue de fuerzas armadas federales en los centros electorales a menos que sea “necesario para repeler a los enemigos armados de Estados Unidos”, pero los legisladores demócratas, los funcionarios electorales y los gobernadores siguen preocupados.

“El temor es que la administración Trump intente evocar una emergencia nacional o ejecutar algún otro despliegue de agentes federales o tropas militares para interferir en las elecciones e intimidar a los votantes”, dijo el representante estatal demócrata de Connecticut, Matt Blumenthal, coautor de un proyecto de ley estatal para establecer un amortiguador de 250 pies de los agentes federales en las urnas locales y otras restricciones a la intervención federal. “Y no vamos a permitir que eso ocurra”.

Otros proyectos de ley que pretenden prohibir la presencia de agentes de inmigración en las urnas están pendientes en estados grandes y pequeños liderados por demócratas, desde California hasta Rhode Island.

En Virginia, los legisladores están estudiando una ley que podría impedir a los funcionarios federales de inmigración civil efectuar detenciones a menos de 12 metros de cualquier colegio electoral o tribunal. Pero la disposición sobre los colegios electorales sigue siendo objeto de negociación, y no está claro si estará en el proyecto de ley final.

La ley recién firmada en Nuevo México prohíbe las órdenes que sitúen a cualquier persona armada al “servicio civil, militar o naval de los Estados Unidos” en los colegios electorales locales y zonas de aparcamiento relacionadas, o a menos de 15 metros de una urna vigilada, desde el inicio de la votación anticipada.

Según la nueva ley de Nuevo México, que entrará en vigor en mayo y estará vigente para las elecciones primarias del 2 de junio, las personas que sufran intimidación u obstrucción en las urnas por parte de agentes federales o personal militar pueden presentar una demanda civil ante los tribunales estatales. Los fiscales estatales y los funcionarios electorales locales y estatales también pueden demandar, y los tribunales pueden aplicar multas de hasta 50.000 dólares por infracción.

También prohíbe cambios en las calificaciones para votar y en las reglas y procedimientos electorales que entren en conflicto con la ley de Nuevo México, mientras Trump impulsa al Senado de Estados Unidos a aprobar un proyecto de ley para imponer nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía en las elecciones en todo el país.

Cualquier medida estatal que pretenda contrarrestar la ley electoral federal se enfrentará a obstáculos legales debido a la causa de supremacía de la Constitución estadounidense, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal.

“Podría establecerse un enfrentamiento directo entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. No sabemos exactamente cómo va a ser”, dijo Richard Hasen, director del Proyecto de Salvaguarda de la Democracia de la Facultad de Derecho de la UCLA. “Dada la cláusula de supremacía, los estados no pueden hacer mucho”.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que su propia desconfianza hacia la administración Trump en la supervisión de las elecciones se deriva de los esfuerzos en curso del Departamento de Justicia para obtener datos detallados de los votantes estatales sin explicar por qué y las continuas afirmaciones falsas de Trump sobre el fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020.

“¿Creo en el Gobierno federal y en la gente de la Casa Blanca? No”, dijo Lujan Grisham, que dejará el cargo a finales de 2026.

“Estamos enviando un mensaje a todo el mundo: Celebraremos elecciones libres y justas, y los nuevomexicanos estarán seguros en cada lugar de votación y esa es nuestra responsabilidad”, dijo el demócrata el martes durante una conferencia de prensa. “La Constitución dice que los estados dirigen sus elecciones, y ese proyecto de ley deja eso dolorosamente claro al gobierno federal”.

Los republicanos de Nuevo México, que son minoría en la legislatura, votaron al unísono en contra del proyecto de ley.

“Me pregunto por qué tenemos que hacer esto, si no es para meterle el dedo en el ojo al presidente”, dijo el senador republicano Bill Sharer, de Farmington, durante el debate.

La senadora estatal Katy Duhigg, una demócrata de Albuquerque que fue copatrocinadora de la legislación, dijo que es “mejor prevenir que curar con la democracia”. Ella dijo que quería “asegurarse de que había algún tipo de herramienta que nuestra aplicación de la ley local tendría a su disposición si algo sucede, si el gobierno federal hace de alguna manera tratar de interferir con nuestras elecciones.”

El proyecto de ley de Connecticut, cuya vista está prevista para finales de esta semana, también apunta a los intentos federales de confiscar papeletas u otro material electoral. Exigiría que los funcionarios estatales recibieran notificación de tal acción.

Blumenthal dijo que los legisladores estatales no pueden impedir incautaciones como la realizada en enero por el FBI en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia, bastión demócrata que incluye Atlanta. Pero dice que “podría haber una oportunidad para que la oficina del fiscal general de nuestro estado o la oficina del secretario de estado impugnen eso”.