Washington— El presidente Donald Trump, amenazó con demandar a un centro de estudios de tendencia izquierdista a menos que se retractara de un informe en el que se afirma que los despliegues de la Guardia Nacional que él ordenó en varias ciudades no redujeron la delincuencia, tal y como él alega.

La carta daba al Center for American Progress, con sede en Washington, D. C., de plazo hasta el final de la jornada laboral del viernes para publicar la rectificación o, de lo contrario, enfrentarse a una demanda por valor de $5,000 millones. El centro se negó.

La presidenta y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro, Neera Tanden, declaró en un comunicado que la demanda “es un intento evidente de silenciarnos. No nos acobardaremos ni cederemos ante ello”.

El informe, publicado el 13 de julio, criticó al Gobierno por atribuirse el mérito de una caída histórica de los delitos violentos en un momento en el que ese descenso ya estaba en marcha. El análisis concluyó que el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump “no tuvo un efecto cuantificable en las tendencias de los delitos violentos”.

Tanden señaló que el trabajo se basó en el análisis de los datos sobre delincuencia de la organización y que sus conclusiones simplemente resultaban “incómodas para el Gobierno de Trump”.

En la carta, enviada el lunes y de la que se hizo eco por primera vez The New York Times, el abogado de Trump, Alejandro Brito, afirmó que el centro debería “retractarse de inmediato de las declaraciones falsas, maliciosas y difamatorias vertidas sobre el presidente Trump”.

Brito destacó varios ejemplos de afirmaciones del informe que suscitaron objeciones por parte de Trump. Una de ellas decía: “En un intento por afirmar falsamente que sus políticas han reducido la delincuencia, el presidente se aprovecha del hecho de que los delitos violentos y los homicidios ya estaban disminuyendo en las ciudades que su Gobierno seleccionó para estas intervenciones extremas”.

Brito escribió que, si no se retractan del informe, a Trump no le quedará más remedio que intentar obtener una indemnización por el “abrumador perjuicio económico y reputacional que los demandados le han causado”. El viernes no fue posible contactar con Brito.

El asesor jurídico general de la organización sin ánimo de lucro, Kevin Metz, afirmó en una carta, en respuesta a la amenaza, que la acusación de difamación “es totalmente absurda: la verdad no es ni puede ser difamación. Los criterios jurídicos en este caso son claros, están bien establecidos y protegen la libertad de expresión”.

Amenazar con demandas a quienes considera enemigos, o por una cobertura mediática que no le agrada, forma parte de las ya conocidas estrategias de Trump. Al comienzo de su segundo mandato, amenazó a numerosos bufetes de abogados con privarles del acceso al Gobierno federal a menos que cedieran a sus diversas exigencias, cosa que algunos hicieron.

Kevin Goldberg, experto en la Primera Enmienda de la Constitución del Freedom Forum —una organización dedicada a la difusión de las libertades que recoge dicha enmienda—, afirmó que este tipo de amenazas de Trump se lanzan “con el propósito de intentar doblegar a alguien, más que para compensar realmente a Donald Trump por cualquier daño que pudiera haberse causado”.