El licenciado Juan Carlos Albors, quien aspira a una candidatura por el cargo de comisionado residente en Washington bajo el Partido Popular Democrático (PPD), emplazó hoy a la comisionada Jenniffer González, a unirse a su reclamo al Contralor General de Estados Unidos (GAO, en inglés) para que intervenga en la “confiscación” de $10,300 millones destinados a Puerto Rico por el Congreso para la recuperación de la isla tras el huracán María.

Según Albors la administración del presidente Donald Trump confiscó el dinero -a través del Departamento de la Vivienda- en violación a la Ley 115-123, estatuto que impide que el ejecutivo federal se apodere de dinero asignado por el Congreso.

“Es sorprendente que la comisionada residente no actúe a pesar de que he llamado la atención al asunto para que lo haga”, señaló Albors en conferencia de prenda desde la sede del PPD, en San Juan.

“La comisionada residente se niega a actuar cuando es en su escritorio que está el asunto. Ella es la que tiene la capacidad para pedirle al GAO que actúe y el GAO tiene la responsabilidad de responderle a ella. Ella es la que tiene la obligación ministerial de hacerlo y no lo hace”, sostuvo el aspirante.

Alegó que González no responde al reclamo por su relación con la administración de Donald Trump. González copreside la campaña del presidente de los Estados Unidos en la Isla. “Ella antepone los intereses políticos de su candidatura a la reelección a los intereses del pueblo de Puerto Rico sobre una situación que compete a los más necesitados del país”, dijo.

“Estamos hablando de que ese dinero no nos llega y al no llegarnos hay toldos azules que no se pueden reparar. El que más sufre las consecuencias de la inacción de la comisionada residente es el más desposeído en Puerto Rico”, añadió Albors.

En octubre, el secretario del Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson, reveló que la agencia ha retrasado a propósito la publicación de los procedimientos administrativos que el Congreso requiere para que se desembolsen los $10,300 millones en fondos CDBG-DR.

Fue también en octubre que Albors formalizó su petición al GAO a través de una misiva. La agencia federal, detalló, debe acudir a los tribunales para exigir la liberación de los fondos.  “Es un asunto de la más alta urgencia para este país y la comisionada residente, que es miembro del Congreso, es quien tiene autoridad para reclamar intervención del GAO y no ha hecho nada  y está sobre aviso desde octubre de este año”, puntualizó.