La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Sindicato de Trabajadores llegaron este martes a un acuerdo para garantizar el acceso a los recintos del sistema universitario en medio de las manifestaciones que realizan empleados.

Ante esto, un juez del Tribunal Superior de San Juan dejó sin efecto una solicitud de desacato presentada por la administración, que alegó que el Sindicato incumplió con una orden judicial emitida el año pasado que le prohibió impedir acceso a las unidades académicas.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, aseguró que la institución reconoce el derecho a la libre expresión de los empleados, pero señaló que era necesario proteger a quienes desean estudiar y trabajar.

“La Universidad acudió al Tribunal para proteger el libre acceso a nuestras instalaciones y garantizar que nuestros estudiantes, empleados y contratistas pudieran realizar sus funciones sin impedimentos. El acuerdo alcanzado establece claramente ese compromiso y reconoce que bloquear accesos u obstruir las labores universitarias constituye una conducta ilegal y grave”, sostuvo Jordán Conde, mediante un comunicado de prensa.

“Siempre hemos reconocido el derecho a expresarse y a reclamar. Lo que no puede ocurrir es que el ejercicio de ese derecho impida a otros estudiar, trabajar o acceder a las instalaciones de la Universidad. Este acuerdo deja claramente establecido dónde está esa línea y permite que podamos continuar atendiendo cualquier diferencia mediante los procesos correspondientes”, añadió.

El Sindicato inició, el 1 de septiembre, una huelga tras no lograr un acuerdo con la administración sobre el plan médico seleccionado por el gremio. Los trabajadores representados por el Sindicato han tenido su propia cubierta de plan médico bajo la cual no realizan pagos de prima, pero la administración universitaria insistió incluirlos en la misma cubierta de los demás empleados de la institución.

Las manifestaciones se realizan en las 10 unidades que tienen empleados representados por el Sindicato y las clases han transcurrido con normalidad, aunque el recinto de Bayamón inicialmente anunció que se ofrecerían cursos a distancia a causa de la huelga.

El presidente del Sindicato, David Muñoz, indicó, por su parte, que el acuerdo firmado entre las partes detalla cómo los empleados podrán manifestarse en las instalaciones universitarias; por ejemplo, no pondrán interferir con el libre acceso de vehículos o de personas.

“Las condiciones detalladas en el acuerdo no deben considerarse como una admisión del Sindicato en cuanto a eventos ocurridos anteriormente o como una limitación a la libertad de expresión u otros derechos de los trabajadores reconocidos por nuestra Constitución”, sostuvo Muñoz, en declaraciones escritas.

Al momento, continúa activa otra solicitud de desacato, presentada primero por el Sindicato, relacionada con una sentencia que validó el lenguaje del convenio colectivo que permite que los miembros del gremio seleccionen su plan médico. El viernes, la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de San Juan, se reservó el fallo sobre el conflicto obrero-patronal.

En 2021, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió un laudo que estableció que “la Universidad no puede alterar unilateralmente las disposiciones negociadas en el convenio colectivo relacionadas con el plan médico de los trabajadores representados por el Sindicato”, de acuerdo con una comunicación del gremio a sus miembros. En 2023, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que validó el laudo.

Por el momento, la huelga está en suspenso mientras se emite el fallo de dicha solicitud, indicó el Sindicato.