El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, adjudicó a la gobernadora Jenniffer González “absoluta responsabilidad” por la controversia sobre contrataciones en el Departamento de la Familia y sostuvo que Josué Colón no debe continuar como zar de Energía ante los señalamientos relacionados con Power Expectations.

En Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Dalmau cuestionó que la mandataria minimice los señalamientos y sostuvo que le corresponde investigar las denuncias.

“Yo le adjudico absoluta responsabilidad”, respondió al preguntársele qué responsabilidad atribuye a González, quien ha defendido previamente a funcionarios señalados.

Como ejemplo, mencionó el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“Cuando se hacen esos señalamientos, la gobernadora tiende a decir ‘eso es una novela, eso es un bochinche’. Y ahora vemos las consecuencias. No eran ningún bochinche”, expresó.

Roig Fuertes enfrenta imputaciones de la destituida exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, quien sostiene que la secretaria la presionó y hostigó para que evaluara una propuesta y concediera un contrato a Strategic Technology Advisors con el fin de crear una plataforma de adiestramiento que consideraba innecesaria.

Medina Díaz también ha alegado que, desde su llegada a Adsef en abril, Roig Fuertes insistió en aprobar una propuesta de NOLA Education para el programa de servicios educativos Star Academy.

Roig Fuertes ha rechazado los señalamientos y atribuido la destitución de Medina Díaz a un supuesto desempeño incompetente.

Para Dalmau, la respuesta de la gobernadora debe incluir diligencia ante las denuncias, independientemente de cuán incómodas resulten para su administración.

“La responsabilidad del gobernante es indagar, averiguar”, sostuvo.

Dalmau también cuestionó la permanencia de Colón Ortiz ante las revelaciones sobre su intervención para acelerar la contratación de Power Expectations.

“No debería estar. Si yo hubiese sido el gobernador, no lo hubiese nombrado”, respondió al preguntársele si el funcionario debe continuar como zar de Energía.

Añadió que, ante la conducta expuesta públicamente, “lo hubiese destituido fulminantemente”.

El Nuevo Día reveló mensajes que muestran a Colón Ortiz impartiendo instrucciones, reclamando avances y presionando para agilizar el proceso de contratación, que buscaba suplir hasta 800 megavatios de generación temporera para las centrales Aguirre y Costa Sur.

Power Expectations fue, inicialmente, la única empresa seleccionada en el primer proceso competitivo. Sin embargo, el Negociado de Energía ordenó renegociar los términos para extender la duración del contrato, lo que provocó la cancelación de esa licitación y la apertura de un segundo trámite.

En ese segundo proceso, la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) concluyó que ninguno de los competidores cumplió con los requisitos de la solicitud de propuestas, aunque recomendó distribuir la generación entre Gothams Energy LLC, Javelin Global Commodities y Power Expectations.

La recomendación incluyó más de una veintena de señalamientos y riesgos. Power Expectations obtuvo la puntuación más baja y, entre los asuntos identificados, Recoms, la firma que desempeña las funciones del 3PPO, indicó que la empresa no tenía capacidad financiera independiente.

Al preguntársele qué medidas habría establecido para atender las contrataciones gubernamentales, Dalmau propuso divulgar las subcontrataciones en tiempo real para que la ciudadanía y la prensa conozcan cómo se manejan esos acuerdos.

También sostuvo que habría seleccionado un gabinete por mérito, conocimiento y vocación en las respectivas disciplinas.

“Yo no hubiese tenido un gabinete de gobierno que fuera una réplica de mi equipo de campaña. Las campañas son las campañas”, manifestó.

En cuanto a la controversia en Familia, argumentó que el planteamiento de que el contrato no culminó ni conllevó desembolsos no elimina sus cuestionamientos sobre el proceso.

“No hay duda de que el tracto nos muestra que había un manejo irregular y eso tiene que tener consecuencias en el tema de la contratación”, afirmó.

Asimismo, propuso que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) pueda llevar acusaciones directamente ante los tribunales sin depender exclusivamente del Departamento de Justicia. Extendió ese planteamiento a la Oficina del Contralor.

Dalmau reclamó que la administración atienda los señalamientos con seriedad por sus implicaciones para los servicios y las necesidades de la población.

“Esto no es un show de realidad, un reality show. Esto es la vida de puertorriqueños y puertorriqueñas”, expresó.