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Un grupo de legisladores populares, incluyendo al representante y aspirante a la alcaldía de San Sebastián, Eladio “Layito” Cardona, denunció este martes que el ejecutivo municipal pepiniano y candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, ha rechazado, a lo largo del cuatrienio, más de $500,000 provenientes del Fondo de Mejoras Municipales que se han asignado para labores como repavimentación de caminos o la adquisición de equipos.

Cardona, quien estuvo acompañado por la senadora Migdalia González Arroyo, del distrito Mayagüez-Aguadilla, señaló que Jiménez llegó a devolver tractores adquiridos con los fondos del denominado “barrilito”, dejándolos frente al hogar del legislador.

“El 18 de junio de 2021, se le hizo entrega de unos tractores a los tres municipios (del distrito representativo 16)”, dijo Cardona, mientras mostraba imágenes de los vehículos supuestamente asignados a San Sebastián, Las Marías e Isabela. “El señor alcalde me los entregó en mi residencia privada un 8 de marzo de 2022. Cuando llegué a mi hogar luego de la sesión (legislativa), me encontré con esos equipos tirados en la entrada de mi residencia”, denunció.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Jiménez ripostó que el equipo se adquirió por medio de una entidad sin fines de lucro, pero que, al entregarse al ayuntamiento a modo de donativo, no se tramitó a través de la legislatura municipal. Según el veterano ejecutivo municipal, el equipo incluía un tractor “de casa”, dos “trimmers” y un “blower”.

“Cuando vimos que era una organización sin fines de lucro que no tenía que ver con el municipio, y en esa semana también vimos el problema que estaba teniendo la Autoridad de Tierras con esas organizaciones sin fines de lucro, lo que hicimos fue que, hasta que no se clarificara cómo estaban dando eso, pues lo devolvimos”, afirmó Jiménez, en referencia a las irregularidades que redundaron en el despido, a inicios de 2022, de la directora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera.

González Arroyo sostuvo que, más recientemente, Jiménez –quien se desafilió del Partido Nuevo Progresista (PNP) el año pasado para unirse a Proyecto Dignidad– obstaculizó unas obras de asfaltado en la barriada Olivencia, impidiendo que el contratista seleccionado en subasta por la Administración de Servicios Generales (ASG) comenzara los trabajos.

En conferencia de prensa, los legisladores proveyeron copia de una carta –del 30 de abril de este año– dirigida a la ASG, en la que el contratista, Super Asphalt Pavement Corp., plantea que, cuando las brigadas “acudieron al municipio para comenzar los trabajos relacionados a las órdenes de compra y el pago de los arbitrios correspondientes, (...) no se le permitió realizar los trabajos (…) ni se les permitió pagar los arbitrios correspondientes, por decisión de oficiales del Municipio”.

“De manera atropellante, abusiva, sin ningún tipo de empatía hacia los residentes que viven en ese lugar, el alcalde envió los vehículos de (las oficinas de) Manejo de Emergencias y Obras Públicas para que bloquearan el paso y las diferentes organizaciones, en este caso la asfaltera, no pudieran realizar el trabajo”, sostuvo González Arroyo, en relación a la obra que cuenta con $86,820 asignados, según la misiva de Super Asphalt Pavement.

Junto a Cardona y González Arroyo, estuvieron presentes en la rueda de prensa los representantes Estrella Martínez, Joel Sánchez Ayala y Jesús Hernández Arroyo.

Por su parte, Jiménez aceptó que, a lo largo de los pasados años, ha desautorizado obras en vías públicas debido a que los contratistas reclutados a través del Fondo de Mejoras Municipales no realizan los trabajos de escarificación de los caminos previo a proceder con el asfaltado. Asimismo, alegó que, en múltiples ocasiones, los contratistas han pretendido proceder con las obras sin pagar los correspondientes arbitrios.

“Si ellos iban a tirar asfalto, tenían que escarificar. Si no escarifican, y le tiran asfalto encima, se podía agravar el problema de unas casas allí, que se les metía el agua en las casas. Sin pedir permiso, iban a comenzar (a asfaltar) y, cuando nos enteramos, dijimos que no podían tirar asfalto hasta que escarificaran”, afirmó el candidato a la gobernación.

Jiménez denunció, además, que los precios del asfalto que la Autoridad de Tierras adquiere exceden los que los ayuntamientos consiguen, por lo que criticó que las asignaciones para obras se tramiten a través del Fondo de Mejoras Municipales.

El Fondo de Mejoras Municipales fue aprobado mediante la Ley 173 de 2020, firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced luego de que el PNP perdiera la mayoría legislativa en las pasadas elecciones generales. El mecanismo dispone que los legisladores asignen fondos para compra de equipo u obra permanente en sus distritos a través de solicitudes a la Autoridad de Tierras, en lo que detractores han señalado se trata de un proceso análogo a los antiguos “barriles de tocino” que fueron declarados inconstitucionales en la década de 1990.