Decenas de ciudadanos se expresaron este jueves, en Bayamón, sobre el estado de la Reforma de la Policía durante una reunión comunitaria citada por el juez de distrito federal Francisco Besosa y la jefatura de la Uniformada.

Algunos de los asistentes llevaron reclamos de cambio, mientras que otros destacaron avances desde que el entonces juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, ordenó formalmente la reforma en julio de 2013.

Las declaraciones tuvieron lugar en momentos en que se cumplen 13 años desde que se firmó la Reforma, y ocho años desde que comenzó a medirse el cumplimiento del acuerdo que puso fin a una demanda del Gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos civiles.

Durante la presentación, la Policía destacó que el más reciente informe del monitor federal, John Romero, reflejó un 83% de algún tipo de cumplimiento con la Reforma.

El informe reveló, además, un 52% de cumplimiento parcial, un 14% de cumplimiento “sustancial”, y un 17% de cumplimiento “completo”.

“En las áreas donde no estamos cumpliendo, la mayoría es en tecnología”, explicó, por su parte, el superintendente Joseph González. “A principios del año que viene vamos a estar lanzando los pilotos de los programas”, añadió el funcionario.

Uno de los requisitos de la Reforma es la celebración de reuniones comunitarias en distintos municipios. El evento de hoy tuvo una lista de sobre 60 ciudadanos para ser escuchados en representación de comunidades de los 10 municipios que integran la región policiaca de Bayamón.

Dos de las ciudadanas que asistieron al evento solicitaron que la Policía mejore las intervenciones con personas sordas.

Anixa Santiago Rivera relató una experiencia que describió como traumática, cuando un agente que ejecutó una intervención de tránsito le apuntó con una linterna y un arma de fuego cuando intentaba comunicarse.

“No sabía qué hacer”, relató Santiago Rivera. “No hubo comunicación, no hubo intérprete”.

“Necesito que los policías identifiquen cuándo necesitan un intérprete de lenguaje de señas”, enfatizó Santiago Rivera.

Por su parte, Stephanie Hernández Russo planteó la necesidad de adiestramientos para que los agentes eviten malinterpretar a las personas sordas de manera que sirva para evitar que las intervenciones escalen.

Recomendó herramientas visuales para momentos de emergencia y al tomar querellas, así como programas y dispositivos para tener acceso a intérpretes de forma remota.

González reconoció la necesidad y aseguró a El Nuevo Día que esta semana discutieron “concretar un acuerdo para que todos los policías tengan acceso a ese sistema en las computadoras y teléfonos de la Policía, cuando intervengan con alguien sordo”.

Mientras, Samuel Rivera Ortiz, en representación de las comunidades de base de fe de Bayamón, recomendó que se evalúe el acuerdo de la Reforma para identificar áreas que hayan cambiado desde que comenzó hace más de una década.

Asimismo, sugirió mejoras en los mecanismos de comunicación de parte de la Oficina del Monitor. Señaló que la oficina no ofrece información para el público en sus páginas en las redes sociales desde hace dos años.

“Esta herramienta es necesaria. Nos acerca al pueblo”, comentó Rivera Ortiz, quien también forma parte del Comité de Interacción Ciudadana de la Policía. “Todas las generaciones son importantes”.

A su vez, Gil Piñeiro Vargas, del Comité de Interacción Ciudadana de Bayamón, alegó incumplimiento de parte de la Policía con relación a allanamientos y ocupaciones relacionados con el registro de armas.

“Mi mayor preocupación es la falta de educación que tiene la Policía de Puerto Rico, porque están cayendo en violación de la Cuarta y Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, comentó.

Por otro lado, entre los comerciantes que se expresaron estuvo el desarrollador Francisco Stubbe, de PRISA Group, quien destacó que emplea a más de 300 guardias de seguridad y considera que en Puerto Rico hay más de ese tipo de personal que oficiales de la Policía.

Entonces, recomendó algún tipo de disposición o modificación a la Reforma para que los oficiales tengan menos limitaciones para intervenir con los sospechosos de delitos.

“Llevo 40 años en esto, y antes, a los malos los podíamos coger. Ahora no los podemos coger, porque a veces tienen más derechos civiles que los de acá. Creo que a esto se le ha ido la mano, porque los policías tienen miedo de tocar una de estas personas cuando atacan. Creo que es algo que deben estudiar bien”, manifestó.

En otro turno, la superintendente auxiliar de la región de Bayamón del Departamento de Educación, Carmen Pereles, presentó una propuesta para atender la seguridad en las comunidades escolares.

Dijo que el proyecto piloto lleva por nombre: “Innovando la Seguridad Pública desde las Comunidades Escolares”.

“La educación del siglo 21 requiere una visión compartida de responsabilidad social, donde la escuela no opera de manera aislada, sino como parte de un ecosistema integrado por las familias, comunidades, agencias gubernamentales y diversos sectores sociales”, apuntó Pereles.

“Desde esta perspectiva, la seguridad escolar, la convivencia, la formación ciudadana y el desarrollo socioemocional son componentes inseparables de una educación de excelencia”, añadió.

Además, algunos legisladores aprovecharon la ocasión para presentar necesidades de asignar más personal para patrullaje y atención de infraestructura, como un cuartel de Naranjito que está en una zona inundable.

En el evento se resaltaron iniciativas sociales que han beneficiado a las comunidades, como los Consejos Comunitarios de la Policía, la Liga Atlética Policiaca y programas como Drug Courts, Vuelta a la Vida y Boys and Girls Club.

“La mayoría de las personas que estaban allí”, dijo González, “se expresaron muy favorables y (sobre) los avances que han visto”.

“Siempre hay espacio para mejorar y seguimos hacia adelante”, afirmó el superintendente de la Policía.