Un gran jurado emitió una acusación complementaria el 25 de septiembre contra 14 presuntos miembros de “La V”, conocida también como “La Fundación”, una organización criminal transnacional de Camuy con nexos que se extendían hasta la República Dominicana.

Así lo anunció este viernes el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, al explicar que los cargos incluyen conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, violaciones a la Ley de Armas y lavado de dinero.

Precisamente, las autoridades federales realizaron el pasado jueves un operativo que culminó con el arresto de 12 presuntos miembros de la narcoganga. Sin embargo, hay dos acusados que permanecen fugitivos: Víctor Hernández y Yamil González Vargas.

La organización había recibido un duro golpe de las autoridades federales en diciembre de 2023, cuando se arrestó al entonces presunto líder de la banda junto a otros supuestos integrantes. A pesar de ello, la ganga continuó operando bajo el nombre de “La V”.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) confirmó que uno de los acusados está en República Dominicana, mientras que uno estaba en Nueva Jersey y dos en el estado de la Florida. Los demás son residentes de Camuy.

“Una de nuestras principales prioridades continúa siendo la interrupción y desmantelamiento de organizaciones violentas de narcotráfico, a todos los niveles”, dijo Muldrow, en un parte de prensa en el que se advierte sobre dos presuntos miembros fugitivos.

La investigación contra esta organización fue dirigida por la HSI, en conjunto con la Agencia para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS-OIG).

Además, colaboraron otras agencias federales como el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS, en inglés), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“El resultado de esta operación conjunta, con la colaboración de nuestros homólogos estatales, demuestra nuestro compromiso de hacer nuestras comunidades más seguras”, expresó Muldrow.

Igualmente, Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico, indicó que “no permitiremos que los traficantes de drogas, lavadores de dinero y traficantes de armas amenacen la seguridad de nuestras comunidades”.

“HSI se enfoca en identificar redes criminales que alimentan la violencia, desestabilizan los vecindarios y se aprovechan de nuestros niños y familias. El mensaje es claro: continuaremos atacando a estas organizaciones en todos los niveles, cortando sus ganancias, incautando sus armas y asegurándonos de que los responsables enfrenten la justicia”, dijo.

La acusación complementaria alega que desde 2021 hasta el 25 de septiembre de 2025, Emilio López Vargas, presuntamente, lideró una organización criminal responsable de la importación y distribución de cientos de kilogramos de cocaína.

El documento judicial establece que “La V”, la “Organización de Tráfico de Drogas López Vargas” o “La Fundación” era una organización de tráfico de drogas a gran escala de Camuy, que operaba en coordinación con fuentes de suministro de la República Dominicana.

Las autoridades federales revelaron que la organización operaba en la Extensión Villa del Carmen en el pueblo de Camuy. Además, controlaba los puntos de droga en el residencial Guarionex, de Quebradillas, y en el Sector las 15 de Aguadilla.

“La V” utilizaba embarcaciones para importar cargamentos de cocaína de varios kilogramos desde la República Dominicana hacia Puerto Rico. Algunas de las embarcaciones utilizadas tenían compartimentos ocultos diseñados para esconder la cocaína.

Al llegar los cargamentos de cocaína a Puerto Rico, partes de la cocaína se distribuían y vendían en toda la isla. Otras partes de los cargamentos se enviaban a Estados Unidos continental a través de una empresa logística global y del Servicio Postal federal.

“La V” utilizaba empleados del Servicio Postal y de la empresa logística global para proteger los envíos de cocaína enviados a Estados Unidos.

Una vez transportada la cocaína a Estados Unidos, los miembros de la organización mezclaban la cocaína con adulterantes y la reempaquetaban para obtener mayores ganancias, reveló la Fiscalía federal.

Los miembros de la organización también proporcionaban muestras de cocaína a los usuarios finales para evaluar su calidad. Finalmente, “La V” distribuía la cocaína a los usuarios finales.

En Puerto Rico, los miembros de la organización almacenaban fentanilo y cocaína en residencias donde se empaquetaba para distribución y luego se distribuía a los usuarios finales.

Los miembros de La V también transportaban armas de fuego desde Puerto Rico hacia la República Dominicana mediante embarcaciones, generando ingresos y ganancias sustanciales. Las ganancias del narcotráfico se lavaban posteriormente a Puerto Rico.

De acuerdo a la Fiscalía federal, López Vargas y John López Peralta fueron responsables de la coordinación y la importación de cocaína hacia Estados Unidos desde sus contactos en la República Dominicana.

“Ellos adquirieron embarcaciones con compartimentos ocultos y Emilio López Vargas también enviaba armas de fuego a la República Dominicana”, se indicó.

Los miembros de “La V”, incluyendo a López Vargas, Axel Manuel Cardec Lugo, Richard Romero Rodríguez, Jeiric Gilberto Ramos Rodríguez y Whilhelm López Afanador, según la Fiscalía federal, enviaban paquetes con cocaína por correo postal a otros presuntos miembros de la organización en Estados Unidos.

Las autoridades federales revelaron que los paquetes contenían cantidades de cocaína de un kilogramo.

Los miembros de la organización almacenaban las ganancias de la venta de cocaína en diversas casas de seguridad y realizaban vuelos comerciales periódicos de regreso a Puerto Rico con grandes sumas de dinero en maletas, o las ganancias eran lavadas nuevamente dentro de la organización.

Cardec Lugo, identificado como empleado de una empresa logística global FedEx, proporcionaba información sobre los envíos a López Vargas. Las autoridades incautaron 203 kilogramos de paquetes que Cardec Lugo habría transportado como mensajero.

Las autoridades federales revelaron que los narcóticos a través de FedEx eran enviados a diferentes estados de Estados Unidos, mayormente a la ciudad de Filadelfia y al estado de Florida.

Los acusados en la conspiración de tráfico de drogas son: López Vargas, alias “Macanita” y “La M”; López-Peralta, alias “Macana”; Victor Omar Hernández, alias “El Indio” y “Vic”; CardecLugo, alias “Axel Carde-Lugo” y “Maquina”; y Richard Romero Rodríguez, “Riche”.

A estos se suman Owen Alexander Román Ramos, alias “La O”; Kevin Orlando Collazo Fernández, alias “Maluma”; Noel Mercado Rosa, alias “Sangre”; Yamil Yaniel González Vargas, alias “Yamo”; Jeiric Gilberto Ramos Rodríguez; Carlos Ramón Santiago Velázquez, alias “Gordo”; Héctor Armando Roa Ramos; Jovanni Pérez García, alias “Jova” y “Jomo”; y Whilhelm López Afanador, alias “Wille Bombe”.

La Fiscalía informó que nueve acusados están imputados por conspiración para poseer armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico.

La Fiscal Adjunta de los Estados Unidos (AUSA) y Jefa de la Sección de Recuperación de Activos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado Transnacional Myriam Y. Fernández González, la Subjefa de la misma sección María L. Montañez Concepción y el AUSA Ryan R. McCabe están a cargo del caso en los tribunales.

Los acusados por los cargos de drogas se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Mientras, los acusados por posesión de metralletas en relación con el narcotráfico enfrentan una pena de 30 años a cadena perpetua, consecutiva a la pena impuesta por los cargos de drogas, indicó la Fiscalía federal.

Este caso forma parte de la Operación “Take Back America”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs) y proteger nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

Todos los acusados en la conspiración de drogas enfrentan una alegación de decomiso de narcóticos por $11 millones. La propiedad a ser decomisada incluye, pero no se limita, a los bienes listados en la Alegación de Decomiso de Empresas Criminales Continuas de la acusación complementaria.

La Fiscalía federal enfatizó que la acusación es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.