Un oficial correccional que laboraba en la institución penal Guayama 296, en dicho municipio, fue arrestado la tarde del martes por las autoridades y enfrenta cargos por presunto soborno y contrabando.

Así lo confirmó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), quien identificó al imputado como el oficial Radamés Morales Portalatín, quien llevaba 22 años de servicio en la mencionada agencia.

La investigación contra Morales Portalatín, de 45 años, comenzó tras una confidencia recibida por oficiales del DCR, lo que dio paso a un referido al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), en el 2025.

De acuerdo con la pesquisa de las autoridades, Morales Portalatín presuntamente aceptó $1,500 a cambio de entregar un celular a un confinado y, además, habría distribuido sustancias controladas a un agente encubierto en el estacionamiento de un supermercado.

Por los supuestos hechos, enfrenta cuatro cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental, soborno, introducción de contrabando a una institución correccional y distribución de sustancias controladas.

En la vista de Regla 6, un juez halló causa para arresto y le impuso una fianza de $600,000. De momento, se desconoce si el imputado —quien se expone a una pena de hasta 30 años de prisión— logró prestar la cuantía.

En un comunicado de prensa, el secretario del DCR, Francisco Quiñones, confirmó que ordenó la suspensión inmediata de empleo y sueldo del oficial, como paso previo a su destitución del servicio público.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que unos pocos dañen el buen nombre de miles de oficiales que visten con orgullo el uniforme de nuestro Departamento. Tampoco vamos a tolerar que se atente contra la seguridad en nuestras instituciones. Continuaremos colaborando con las agencias de ley y orden estatales y federales”, concluyó.